BOE-A-2026-16241
Boletín Oficial del Estado
Sala Primera. Sentencia 45/2026, de 22 de Junio de 2026. Recurso de Amparo 6797-2025. Promovido por Don Víctor Jaile Puig y Doña María Carmen Flores Auge Respecto de las Resoluciones Dictadas por Un Juzgado de Primera Instancia de Eivissa en Procedimiento Monitorio. Vulneración del Derecho a la Tutela Judicial sin Indefensión: Falta de Diligencia del Órgano Judicial en Su Obligación de Agotar los Medios de Averiguación de Un Domicilio Efectivo Donde Emplazar Personalmente a la Demandada, No Reparada Al Inadmitir el Incidente de Nulidad de Actuaciones (stc 157/2025).
Fecha de publicación
sábado, 25 de julio de 2026
Departamento
Tribunal ConstitucionalEpígrafe
SentenciasResumen
Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2026, de 22 de junio de 2026
Esta resolución analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en un procedimiento monitorio por impago de cuotas comunitarias. La sentencia estima el recurso de amparo presentado por Víctor Jaile Puig y María Carmen Flores Auge, frente a resoluciones del Juzgado de Primera Instancia de Eivissa, por no haberse realizado una adecuada averiguación del domicilio de los demandados antes de proceder a la notificación por edictos.
Afecta a los procedimientos judiciales en los que se haya recurrido a la notificación mediante edictos sin agotar previamente los medios de localización personal, vulnerando el derecho de defensa y el principio de contradicción. La sentencia destaca que el órgano judicial debió realizar diligencias adicionales para localizar el domicilio real de los demandados, especialmente tras constatar que estos se habían mudado a otra dirección en Barcelona, lo que no se hizo.
El fallo anula las actuaciones judiciales desde la diligencia de 5 de abril de 2024, que acordó el emplazamiento por edictos, y retrotrae el proceso monitorio a ese momento para garantizar una notificación efectiva y respetuosa con los derechos fundamentales. La resolución subraya la importancia de agotar los medios ordinarios de localización antes de recurrir a los edictos, en línea con la doctrina constitucional sobre actos de comunicación procesal. La sentencia entra en vigor de inmediato.
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