Orden Hac/1028/2026, de 2 de Octubre, por la Que Se Regula la Solución Pública de Facturación Electrónica, de Acuerdo con Lo Dispuesto en la Disposición Final Tercera del Real Decreto 238/2026, de 25 de Marzo, por el Que Se Desarrolla el Sistema de Facturación Electrónica Obligatoria Entre Empresarios y Profesionales y por el Que Se Modifica el Reglamento por el Que Se Regulan las Obligaciones de Facturación, Aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre.

Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre
Publicada en el BOE el 5 de octubre de 2026, entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Resumen:
Esta orden regula los aspectos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica, en desarrollo de la disposición final tercera del Real Decreto 238/2026, que establece la obligatoriedad de facturación electrónica entre empresarios y profesionales en España. La normativa afecta a todos los empresarios y profesionales obligados a expedir y recibir facturas electrónicas, exigiendo su uso y la interoperabilidad de plataformas tecnológicas, así como la comunicación de estados de pago, rechazo, cobro o impago mediante sistemas estandarizados y seguros.

Se establecen los requisitos técnicos para la emisión, interconexión, recuperación, consulta y comunicación de las facturas electrónicas a través de la plataforma pública gestionada por la Agencia Tributaria, garantizando la interoperabilidad gratuita y la protección de datos conforme a la normativa europea y nacional. La orden detalla los elementos estructurales y semánticos de las facturas en formato UBL y EN 16931, incluyendo la codificación única, firma electrónica, y los procedimientos para remitir copias fieles y estados de pago, así como los mecanismos de autenticación y representación digital.

Asimismo, regula los procesos de baja, rechazo y cancelación de facturas, estableciendo los códigos y formatos para comunicar dichas acciones. La entrada en vigor de la orden inicia el cómputo de los plazos transitorios previstos en la normativa, asegurando la disponibilidad de la plataforma pública al menos dos meses antes de su aplicación efectiva.