BOE-A-2026-20746
Boletín Oficial del Estado
Ley del Principado de Asturias 6/2026, de 10 de Septiembre, de Modificación de la Ley 3/2021, de 30 de Junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, para la Protección de las Personas Beneficiarias Frente Al Reintegro de Prestaciones Percibidas por Actuaciones Imputables a la Administración.
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Fecha de publicación
martes, 6 de octubre de 2026
Sección
I. Disposiciones GeneralesDepartamento
Comunidad Autónoma del Principado de AsturiasEpígrafe
Derechos y Prestaciones VitalesResumen
Ley del Principado de Asturias 6/2026, de 10 de septiembre
Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026
Objeto:
Modifica la Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, específicamente en materia de reintegro de prestaciones percibidas por actuaciones imputables a la Administración.
Impacto práctico y jurídico:
La ley establece que no procederá el reintegro de prestaciones económicas (como salario social básico y ayudas para necesidades básicas) cuando la percepción haya sido correcta, la comunicación de cambios haya sido veraz y oportuna, y la demora administrativa haya sido imputable a la Administración. Se introduce un régimen de exclusión y limitación del reintegro en casos donde la Administración no haya actuado con la diligencia debida, protegiendo a beneficiarios en situación de vulnerabilidad. Además, se regula la no consideración de cantidades restituidas como renta o ingreso, y se establecen mecanismos de coordinación con otras administraciones para evitar efectos desfavorables. La ley también contempla procedimientos transitorios y la retroactividad de sus efectos, garantizando mayor seguridad jurídica y protección a los beneficiarios.
A quién afecta:
A beneficiarios de prestaciones sociales y económicas del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, así como a las administraciones responsables de su gestión. La normativa busca evitar cargas económicas injustificadas sobre personas en situación de vulnerabilidad, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones de comunicación y no exista fraude o mala fe.
Entrada en vigor:
El día siguiente a su publicación en el BOE, es decir, el 7 de octubre de 2026.
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