Resolución de 7 de Noviembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Negativa del Registrador de la Propiedad de Barcelona N.º 1, por la Que Se Suspende la Asignación de Un Número de Registro de Alquiler de Corta Duración para Una Finca en Su Modalidad de Arrendamiento Turístico y No Turístico.

Resolución de 7 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución revisa un recurso contra la negativa del registrador de la Propiedad de Barcelona n.º 1 a inscribir la asignación de un número de registro de alquiler de corta duración para una finca en modalidad turística y no turística. La resolución afecta principalmente a propietarios, gestores y asesores en materia de alquileres turísticos, ya que confirma que la inscripción de prohibiciones estatutarias o en el Registro de la Propiedad que limitan actividades de alquiler turístico no impiden la obtención del número de registro, siempre que dichas prohibiciones hayan sido inscritas posteriormente a la adquisición del inmueble.

El caso concreto involucra una vivienda adquirida en 2017, con licencia turística y registrada en el Registro de Turismo de Cataluña, que fue objeto de una prohibición inscrita en el Registro en 2017, limitando su uso turístico. La resolución establece que, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las prohibiciones inscritas a posteriori no afectan derechos adquiridos previamente, por lo que la negativa del registrador es incorrecta y debe corregirse, permitiendo la inscripción solicitada.

Además, se reafirma que la competencia para resolver estos recursos corresponde al Estado, en virtud del Real Decreto 1312/2024, que regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos, y que las limitaciones estatutarias o registrales deben ser oponibles y respetar la seguridad jurídica. La resolución concluye que la comunidad puede modificar estatutos para excluir actividades turísticas, y que la calificación negativa basada en prohibiciones estatutarias inscritas posteriormente es insubsanable, pero susceptible de rectificación en el registro.

Entrada en vigor: La resolución es de aplicación inmediata y puede ser recurrida ante los tribunales civiles en plazo de dos meses.