Resolución de 28 de Noviembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación del Registrador de la Propiedad de Jaca, por la Que Se Suspende la Asignación de Un Número de Registro de Alquiler de Corta Duración Turístico, por No Acreditarse el Cumplimiento de los Requisitos Urbanísticos Exigidos por el Plan General de Ordenación Urbana de Jaca para las Viviendas de Uso Turístico.

Resolución de 28 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución revisa el rechazo a la inscripción de un número de registro de alquiler de corta duración turístico en Jaca, debido a la falta de acreditación del cumplimiento de requisitos urbanísticos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca. La norma exige, además de la inscripción en el Registro de Turismo de Aragón, la presentación de una comunicación previa al Ayuntamiento justificando el cumplimiento de la normativa urbanística, en particular, el acceso independiente y la autorización de la comunidad de propietarios, requisitos que, según la resolución, no están debidamente acreditados en este caso.

Afecta principalmente a propietarios y gestores de viviendas turísticas, ya que impide la inscripción y, por ende, la oferta en plataformas digitales, si no se cumplen estos requisitos. La resolución confirma que la competencia para la asignación del número de registro recae en el Registro de la Propiedad, en línea con la normativa europea y estatal, y que la exigencia de requisitos urbanísticos debe estar justificada por razones de interés general, proporcionalidad y transparencia.

Se establece que la normativa urbanística municipal, en particular el artículo 40.5.1 del PGOU de Jaca, vulnera principios de legalidad y de competencia, al requerir autorización de la comunidad de propietarios, lo cual no tiene respaldo legal ni competencia municipal en materia urbanística. La resolución entra en vigor de inmediato y puede ser recurrida ante los tribunales civiles en el plazo de dos meses.