Resolución de 17 de Diciembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Negativa del Registrador de la Propiedad de Mula a Inscribir la Constitución de Un Derecho de Arrendamiento sobre Parte de Finca, Previa Aceptación y Adjudicación de Herencia, por No Aportarse la Georreferenciación de la Parte de la Finca sobre la Que Se Constituye el Derecho de Arrendamiento, con Destino a la Construcción de Una Planta Fotovoltaica.

Resolución de 17 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE el 24 de marzo de 2026, que regula la inscripción de derechos de arrendamiento sobre parte de fincas tras aceptación y adjudicación de herencias. La resolución analiza un recurso de una sociedad contra la negativa del Registro de Mula a inscribir un arrendamiento sobre una parcela tras la aceptación de herencia, por falta de georreferenciación y otros requisitos.

Afecta a promotores, abogados, gestores y empresas del sector energético y agrícola interesados en inscribir derechos sobre fincas con objeto de construir plantas fotovoltaicas. La resolución confirma que la constitución de derechos sobre parte de una finca es posible, siempre que la delimitación esté claramente determinada mediante planos y coordenadas georreferenciadas, sin que sea obligatorio en todos los casos la georreferenciación previa, salvo dudas fundadas sobre la ubicación efectiva. Además, aclara que la ratificación posterior del mandato verbal es insubsanable y que errores en la descripción registral, como apellidos, deben corregirse mediante procedimientos específicos.

Se establece que la georreferenciación solo será exigible cuando existan dudas fundadas sobre la ubicación efectiva de la porción arrendada. La resolución también reafirma que la delimitación de derechos sobre parte de finca no equivale a parcelación urbanística, y que la inscripción de obras o instalaciones requiere la inscripción previa de la representación gráfica georreferenciada, en línea con la normativa y doctrina vigente. La entrada en vigor es inmediata, y la resolución puede ser recurrida ante los tribunales en plazo de dos meses.