Recurso de Inconstitucionalidad N.º 1586-2026, Contra la Disposición Final Tercera del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de Diciembre, por el Que Se Adoptan Medidas Urgentes para Favorecer la Actividad Inversora de las Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas, y por el Que Se Modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de Diciembre, por el Que Se Aprueba el Reglamento Que Establece los Requisitos Que Deben Adoptar los Sistemas y Programas Informáticos o Electrónicos Que Soporten los Procesos de Facturación de Empresarios y Profesionales, y la Estandarización de Formatos de los Registros de Facturación.

Recurso de inconstitucionalidad nº 1586-2026 contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025
Fecha de publicación: 4 de abril de 2026

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. Esta disposición regula modificaciones en el marco de la facturación electrónica y la estandarización de formatos de registros, en el contexto de medidas para potenciar la inversión de las entidades locales y autonómicas.

El recurso cuestiona la constitucionalidad de dichas modificaciones, afectando a la normativa que regula los sistemas y programas informáticos de facturación de empresarios y profesionales. La resolución tiene impacto directo en la legalidad y desarrollo normativo de los procedimientos electrónicos de facturación, con posibles implicaciones en la gestión administrativa y fiscal de las entidades públicas y privadas.

El Tribunal ha acordado su admisión a trámite, sin que aún exista una resolución definitiva sobre su fondo. La decisión puede influir en la validez de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 15/2025 en relación con la digitalización y estandarización de procesos de facturación.

Este trámite no implica aún la suspensión de la norma impugnada y se encuentra en fase de análisis constitucional. La resolución del recurso podría tener efectos relevantes en la normativa de facturación electrónica y en la gestión digital de las administraciones públicas.