Contratación de emergencia en la LCSP: qué es y cuándo se aplica

El problema: una catástrofe no espera a un expediente de contratación

Una riada arrasa un puente, un incendio destruye un polígono industrial o un temporal deja sin suministro eléctrico a un hospital. La Administración necesita actuar en horas, no en semanas. El procedimiento de licitación ordinario, con sus plazos de publicidad y concurrencia, no encaja con esa urgencia.

Para estos casos existe la contratación de emergencia, un régimen excepcional que permite empezar a ejecutar lo necesario de forma inmediata, sin tramitar el expediente habitual.

Qué es y dónde se regula

La contratación de emergencia está regulada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, BOE-A-2017-12902). El precepto habilita al órgano de contratación —la autoridad o el órgano colegiado que tiene atribuida la facultad de contratar en nombre de la entidad— a actuar sin las garantías procedimentales que rigen el resto de la LCSP, precisamente porque la situación no admite demora.

No es un procedimiento de adjudicación más, como el abierto o el negociado: es un régimen de excepción que suspende, de forma temporal y justificada, los principios generales de publicidad y libre concurrencia que estructuran la contratación pública.

Cuándo se puede acordar

El artículo 120.1 LCSP limita este régimen a tres supuestos tasados:

• Acontecimientos catastróficos (terremotos, inundaciones, incendios de gran magnitud).
• Situaciones que supongan grave peligro para personas, bienes o el funcionamiento de servicios esenciales.
• Necesidades que afecten a la defensa nacional.

Fuera de estos tres supuestos, la Administración debe tramitar el contrato por alguno de los procedimientos ordinarios de la LCSP, aunque exista urgencia. La contratación de emergencia no es un atajo para agilizar cualquier licitación: exige una justificación específica y motivada de que concurre alguna de estas circunstancias excepcionales.

Qué permite hacer el artículo 120 LCSP

Cuando concurre alguno de esos supuestos, el órgano de contratación puede, según el art. 120.1.a) LCSP:

• Ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte.
• Hacerlo sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluida la exigencia habitual de crédito presupuestario suficiente antes de contratar (el crédito se dota después, conforme a la Ley General Presupuestaria).
• Financiar la actuación mediante libramientos de fondos a justificar, un mecanismo de pago anticipado sujeto a rendición de cuentas posterior: si queda dinero sin invertir, debe reintegrarse (art. 120.1.d) LCSP).

Si el contrato lo celebra la Administración General del Estado o alguno de sus organismos, el art. 120.1.b) LCSP obliga a dar cuenta al Consejo de Ministros en el plazo de treinta días.

El plazo de un mes para iniciar la ejecución

El artículo 120.1.c) LCSP fija un límite temporal estricto: la ejecución de las prestaciones no puede empezar más tarde de un mes desde que se adopta el acuerdo de emergencia. Si se supera ese plazo, la contratación de esas prestaciones deja de poder ampararse en el art. 120 y debe tramitarse por el procedimiento ordinario correspondiente.

Este límite temporal no es simbólico: es lo que diferencia la contratación de emergencia de una vía permanente para eludir la concurrencia. La ley solo tolera la excepción mientras dura la urgencia real.

Nota de contexto: el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, introdujo de forma temporal una ampliación de este plazo (hasta tres meses, justificando la necesidad) para las actuaciones de emergencia declaradas por la DANA de octubre-noviembre de 2024, ejecutadas antes del 31 de diciembre de ese año. Fue una medida acotada a esa catástrofe concreta; el régimen general del art. 120.1.c) LCSP sigue siendo el mes de plazo.

Qué pasa una vez ejecutada la actuación

Terminada la actuación de emergencia, se aplican las reglas generales de la LCSP sobre cumplimiento del contrato, recepción y liquidación de las prestaciones (art. 120.1.d) LCSP). Si hubo libramientos de fondos a justificar, el órgano gestor debe rendir cuentas de lo invertido y reintegrar lo que no se haya utilizado.

Además, el artículo 120.2 LCSP aclara que las prestaciones restantes, necesarias para completar la actuación pero que ya no tengan carácter de emergencia, deben contratarse por los procedimientos ordinarios de la ley. La excepción cubre solo lo estrictamente urgente, no todo lo que rodea a la catástrofe.

Diferencias con el procedimiento abierto simplificado y el procedimiento ordinario

La contratación de emergencia no debe confundirse con procedimientos rápidos pero ordinarios, como el procedimiento abierto simplificado (art. 159 LCSP). El PAS sigue exigiendo publicidad, concurrencia y plazos de presentación de ofertas, aunque más cortos que los del procedimiento ordinario; la contratación de emergencia, en cambio, prescinde por completo de esos trámites mientras dura la urgencia justificada.

Por eso, fuera de los supuestos tasados del art. 120 LCSP, la vía habitual para que una empresa acceda a un contrato público sigue siendo la licitación ordinaria o simplificada, con sus plazos y garantías. Nuestra guía sobre cómo participar en una licitación pública siendo pyme explica ese circuito paso a paso.

Sigue las adjudicaciones y licitaciones publicadas en el BOE

Las actuaciones de emergencia y su justificación se publican, junto con el resto de contratos del sector público, en el BOE y en la Plataforma de Contratación. Desde licitaciones de BOE Hoy puedes seguir tanto las licitaciones ordinarias como los anuncios de adjudicación relacionados con procedimientos excepcionales.

Los resúmenes son orientativos. Para efectos legales, consulta siempre el texto íntegro en boe.es.