Sanción Administrativa

Te ha llegado una notificación de sanción administrativa: primeros pasos

Has recibido una carta o una notificación electrónica de un ayuntamiento, una consejería o una agencia estatal. Habla de un "acuerdo de inicio" o de una "propuesta de resolución" y menciona una multa. No sabes si eso ya es firme, si puedes defenderte o cuánto tiempo tienes para hacerlo.

La buena noticia: mientras el expediente sigue abierto, todavía puedes presentar alegaciones y aportar pruebas. Lo primero es entender qué fase del procedimiento estás viendo y qué plazo corre a partir de esa notificación.

Qué es una sanción administrativa

Una sanción administrativa es la consecuencia jurídica desfavorable —normalmente una multa, aunque también puede ser una suspensión de actividad, un cierre temporal o una inhabilitación— que impone un órgano de la Administración Pública a una persona física o jurídica por cometer una infracción previamente tipificada en una norma con rango de ley.

A diferencia de una sanción penal, no la impone un juez tras un proceso judicial, sino la propia Administración, en ejercicio de la llamada potestad sancionadora, y siempre dentro de un procedimiento administrativo con garantías para la persona expedientada.

Los principios que rigen esta potestad están recogidos en el Título Preliminar, Capítulo III (artículos 25 a 31) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con referencia oficial BOE-A-2015-10566. Las especialidades del procedimiento en sí —cómo se inicia, quién instruye, qué trámites siguen— están en los artículos 63 y 64, entre otros, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), con referencia BOE-A-2015-10565.

Los principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015)

El Capítulo III de la LRJSP fija los límites que la Administración debe respetar antes de sancionar a nadie:

• Legalidad (art. 25): la potestad sancionadora solo puede ejercerse cuando ha sido reconocida por una norma con rango de ley.
• Irretroactividad (art. 26): se aplican las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de los hechos, salvo que las posteriores sean más favorables para el infractor.
• Tipicidad (art. 27): solo son sancionables las infracciones tipificadas como tales por una ley, con anterioridad a la conducta.
• Responsabilidad (art. 28): responden las personas físicas o jurídicas, e incluso ciertos grupos o entidades sin personalidad jurídica, que resulten responsables de los hechos a título de dolo o culpa.
• Proporcionalidad (art. 29): la sanción debe ser idónea y necesaria, y adecuarse a la gravedad del hecho. En ningún caso una sanción administrativa puede implicar privación de libertad.
• Prescripción (art. 30): infracciones y sanciones prescriben según lo que fije la ley sectorial correspondiente. Si esa ley no fija plazo propio, el artículo 30 establece unos plazos supletorios (que distinguen entre infracciones y sanciones leves, graves y muy graves), así que conviene revisar siempre la norma sectorial aplicable antes de dar por bueno un plazo genérico.
• Concurrencia de sanciones (art. 31): consagra el principio non bis in idem — no se puede sancionar dos veces (penal y administrativamente) los mismos hechos cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Cómo se tramita el expediente sancionador (Ley 39/2015)

Los procedimientos de naturaleza sancionadora tienen especialidades propias frente al procedimiento administrativo común, recogidas principalmente en los artículos 63 y 64 de la LPAC:

• Inicio siempre de oficio (art. 63): a diferencia de otros procedimientos, el sancionador se inicia siempre por acuerdo del órgano competente, nunca a instancia del propio expedientado. La norma exige además separar la fase instructora de la fase sancionadora, de modo que quien investiga no sea quien resuelve.
• Acuerdo de iniciación (art. 64): debe notificarse a las personas interesadas, identificando los hechos que motivan el expediente y su posible calificación. A partir de esa notificación arranca el plazo para presentar el expediente administrativo que da forma a todo el procedimiento.
• Instrucción y propuesta de resolución: durante la instrucción se practican las pruebas y, si procede, se formula una propuesta de resolución que también se notifica al interesado, abriendo un nuevo trámite de audiencia.
• Resolución: pone fin al procedimiento y es el momento en el que, si se confirma la infracción, se impone formalmente la sanción administrativa.

Los resúmenes son orientativos. Para efectos legales, consulta siempre el texto íntegro en boe.es.

Qué puedes hacer si te notifican una sanción administrativa

Mientras el expediente sigue abierto —ya sea tras el acuerdo de inicio o tras la propuesta de resolución— puedes presentar un escrito de alegaciones exponiendo por qué no estás de acuerdo con los hechos, la calificación de la infracción o la cuantía propuesta. En BOE Hoy puedes consultar el modelo de alegaciones frente a una sanción administrativa como punto de partida para redactar el tuyo.

Si la sanción ya es firme en vía administrativa, el siguiente paso suele ser un recurso administrativo o, en su caso, el recurso contencioso-administrativo. Para entender otros conceptos de procedimiento que aparecen en el mismo expediente, conviene tener claro qué es un acto administrativo en sentido general, ya que la resolución sancionadora es, precisamente, un acto administrativo con un contenido específico. También puedes revisar los artículos clave de la Ley 39/2015 LPAC si necesitas mapear otros trámites del procedimiento común que se aplican de forma supletoria al sancionador.