Sala Primera. Sentencia 126/2025, de 9 de Junio de 2025. Recurso de Amparo 1269-2023. Promovido por Don Florentino Torres del Campo y Otras Dos Personas Más en Relación con las Resoluciones Dictadas por Un Juzgado de Instrucción de Bilbao en Diligencias Previas Tramitadas por el Fallecimiento de Un Familiar. Vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en Relación con el Derecho a la Vida: Investigación Insuficiente de Un Posible Delito de Homicidio, en Su Caso Asesinato; Falta de Atención Debida del Derecho de los Familiares del Fallecido a Participar en el Proceso Penal Como Víctimas Indirectas.

Sentencia del Tribunal Constitucional 126/2025, de 9 de junio de 2025

Esta resolución analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la vida en un recurso de amparo contra resoluciones judiciales que sobreseyeron una investigación penal sobre la muerte de don Raúl Carlos Torres Cid, ocurrida en Bilbao en 2021. La sentencia concluye que las decisiones judiciales que archivaron la caso sin practicar diligencias pertinentes, pese a indicios de posible homicidio, vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes, quienes son familiares del fallecido y víctimas indirectas.

El Tribunal señala que, aunque la autopsia y análisis toxicológicos indicaron muerte natural, existían indicios que permitían sospechar un homicidio, como movimientos patrimoniales posteriores y comunicaciones con el investigado, que no fueron debidamente investigados. La resolución de sobreseimiento careció de motivación suficiente y no practicó diligencias clave, como informes periciales sobre técnicas de estrangulamiento o geolocalización de teléfonos, que podrían haber despejado dudas razonables sobre la causa del fallecimiento.

Asimismo, se vulneró el derecho de los familiares a ser informados y a recurrir las resoluciones que afectaban sus derechos, al no notificarse adecuadamente el archivo de la causa. La sentencia estima que la investigación fue insuficiente y que la decisión judicial vulneró el derecho a la vida en su vertiente procesal, ordenando la nulidad de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones para que se practiquen diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva y a la investigación adecuada en casos de posibles delitos contra la vida.