Sala Primera. Sentencia 129/2025, de 9 de Junio de 2025. Recurso de Amparo 7760-2024. Promovido por Doña Sandra Argüello Olivares en Relación con las Resoluciones Administrativas y Judiciales Que Desestimaron Su Petición de Revisión y Ampliación de la Prestación por Nacimiento y Cuidado de Hijo Menor, Como Madre Biológica de Familia Monoparental. Vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley sin Discriminación por Razón de Nacimiento: Resoluciones Judiciales y Administrativas Que Aplican Una Regulación Legal Declarada Inconstitucional en la Stc 140/2024, en Tanto Que Omite la Posibilidad de Que las Madres Biológicas de Familias Monoparentales, Trabajadoras por Cuenta Ajena, Puedan Ampliar Su Permiso por Nacimiento Disfrutando del Permiso Que Correspondería Al Otro Progenitor, Caso de Existir.

Sentencia del Tribunal Constitucional 129/2025, de 9 de junio de 2025

Esta resolución declara la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del derecho a la prestación por nacimiento y cuidado de menor en familias monoparentales, en relación con la discriminación por razón de nacimiento y de género. La sentencia estima el recurso de amparo presentado por Sandra Argüello Olivares, quien solicitó la ampliación de la prestación por cuidado de su hija, pero fue denegada por el INSS y posteriormente revocada en instancias judiciales, alegando que la normativa vigente (arts. 48.4 LET y 177 LGSS) vulneraba derechos constitucionales.

El fallo anula las resoluciones judiciales y administrativas que aplicaron dicha normativa, y reconoce que la legislación en su estado actual produce una discriminación indirecta contra madres monoparentales, mayoritariamente mujeres, al limitar la duración del permiso en comparación con familias biparentales. La sentencia establece que, hasta que el legislador reforme la normativa, debe interpretarse que las madres biológicas en familias monoparentales pueden ampliar su permiso sumando las semanas correspondientes al otro progenitor, en línea con la doctrina constitucional previa (STC 140/2024).

El Tribunal Constitucional ordena la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid. La resolución entra en vigor de inmediato y se publica en el BOE.