Pleno. Sentencia 133/2025, de 10 de Junio de 2025. Recurso de Inconstitucionalidad 6174-2021. Interpuesto por Más de Cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso en Relación con Diversos Preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de 24 de Junio, de Medidas para la Gestión de la Pandemia de Covid-19. Alcance de la Reserva de Ley Orgánica: Nulidad de los Preceptos Que Habilitan a los Órganos Autonómicos la Adopción de Medidas Preventivas y Tipifican Infracciones en Materia de Salud Pública (stc 136/2024); Extensión, por Conexión o Consecuencia, de la Declaración de Nulidad a Otros Preceptos de la Misma Ley Autonómica.

Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2025, de 10 de junio de 2025

Esta resolución declara la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19, por vulnerar el marco constitucional en materia de derechos fundamentales y competencias estatales. En concreto, se invalidan los arts. 14.3, 15.2, 23.1, 26.1 y 3, 30.1, 32.1 y 34.1 a) y b), así como los apartados 2 a 5 del art. 23, y ciertos incisos del art. 40 y 28.1. La sentencia estima que estos preceptos, al regular restricciones y limitaciones en derechos como la libertad personal, circulación, reunión y actividad empresarial, vulneran la reserva de ley orgánica (art. 81.1 CE) y el contenido esencial de derechos protegidos en los arts. 15, 17, 18, 19 y 21 CE, sin la habilitación adecuada del legislador orgánico. Además, se concluye que dichas medidas exceden las competencias autonómicas, invadiendo las atribuciones exclusivas del Estado según el art. 149 CE, y que su regulación requiere ley orgánica para garantizar la proporcionalidad y la protección de derechos. La sentencia extiende la nulidad a otros preceptos conexos y desestima las impugnaciones restantes, incluyendo las relacionadas con la suspensión de actividades y las medidas cautelares. La resolución entra en vigor inmediatamente y se publica en el BOE, estableciendo un precedente sobre el control constitucional de las normativas autonómicas en materia de gestión sanitaria y derechos fundamentales durante crisis sanitarias.