Pleno. Sentencia 136/2025, de 11 de Junio de 2025. Recurso de Amparo 4589-2024. Promovido por el Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Cataluña y Don Juan Garriga Domènech Respecto del Acuerdo de la Mesa de Edad y Su Presidente Que, en la Sesión Constitutiva de la Cámara, Aceptó la Delegación de Voto de los Diputados Don Carles Puigdemont I Casamajó y Don Lluís Puig I Gordi en Favor del Diputado Don Albert Batet I Canadell. Vulneración del Derecho Al Ejercicio de las Funciones Representativas en Conexión con el Derecho de los Ciudadanos a Participar en los Asuntos Públicos a Través de Sus Representantes: Aceptación de la Delegación de Voto Que Excepciona el Principio de Presencialidad de Quienes Voluntariamente Han Decidido Eludir la Acción de la Jurisdicción Penal Española y Están Sujetos a Una Orden Judicial de Busca y Captura (sstc 85/2022 y 86/2024).

Sentencia del Tribunal Constitucional 136/2025, de 11 de junio de 2025

Esta resolución declara la vulneración del derecho a la función representativa en el Parlamento de Cataluña por la admisión de delegaciones de voto en circunstancias que contravienen la doctrina constitucional sobre la presencialidad y personalización del voto parlamentario. Específicamente, el Tribunal estima que la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig, aceptada en la sesión constitutiva de la XV legislatura, no se ajustaba a los límites establecidos en el artículo 95 del Reglamento del Parlamento catalán, al basarse en motivos que no corresponden a supuestos excepcionales previstos en la normativa.

Afecta directamente a los derechos de los diputados recurrentes y, en consecuencia, al principio de participación democrática y representación efectiva de los ciudadanos. La sentencia subraya que el ejercicio personal e intransferible del voto es un principio constitucional, salvo excepciones justificadas en circunstancias de fuerza mayor o excepcionales, que en este caso no se acreditaron.

El fallo, dictado en el marco de un recurso de amparo promovido por Vox y Juan Garriga, ratifica que la delegación en circunstancias como la elusión de la acción de la justicia y la existencia de órdenes de busca y captura vulnera derechos constitucionales. La resolución entra en vigor de inmediato y ordena la nulidad del acuerdo impugnado, reafirmando la necesidad de respetar la presencialidad y personalización del voto en las instituciones parlamentarias.