Resolución de 24 de Junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Negativa de la Registradora de la Propiedad de Lleida N.º 2 a Ejecutar las Cancelaciones Ordenadas en Mandamiento Dictado en Procedimiento de Ejecución por Hallarse la Anotación de Embargo Caducada.

Resolución de 24 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Esta resolución analiza un recurso contra la negativa del Registro de la Propiedad de Lleida nº 2 a ejecutar cancelaciones ordenadas en un procedimiento de ejecución judicial, debido a la caducidad de la anotación de embargo. La resolución regula la legalidad de cancelar cargas hipotecarias en casos donde la anotación de embargo ha caducado por el transcurso del plazo de cuatro años, y la prioridad de asientos posteriores a dicha anotación.

Afecta principalmente a abogados, funcionarios, asesores fiscales y registradores, ya que clarifica que las cargas posteriores a una anotación de embargo caducada y cancelada por caducidad no pueden ser canceladas mediante mandamiento de ejecución, dado que dichas cargas han adquirido prioridad y rango superior. La resolución reafirma que la caducidad de las anotaciones preventivas opera automáticamente y que, tras su caducidad, los asientos posteriores mejoran su rango y no pueden ser afectados por mandamientos de cancelación que solo afectan asientos no preferentes.

La decisión confirma que, en este caso, la anotación de embargo fue cancelada por caducidad en 2020, y por tanto, las cargas posteriores no pueden ser canceladas en virtud del mandamiento presentado en 2025. La resolución entra en vigor de inmediato y establece que los recursos deben seguir los procedimientos judiciales correspondientes si se desea impugnar la decisión.