Resolución de 2 de Julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Negativa de la Registradora de la Propiedad de Valladolid N.º 7 a Inscribir Una Escritura de Compraventa.

Resolución de 2 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que confirma la negativa a inscribir una compraventa de una finca afectada por patrimonio protegido de una persona con discapacidad. La resolución regula que, en casos donde el patrimonio protegido ha sido constituido por el propio beneficiario con discapacidad, la administración del mismo debe seguir las reglas establecidas en el documento público de constitución, incluyendo la necesidad de autorización judicial para actos de disposición, como la venta de bienes inmuebles, según la normativa vigente (Ley 41/2003 y Código Civil). La resolución afecta directamente a la inscripción de la compraventa otorgada en 2021, ya que la registradora consideró que faltaba la autorización judicial necesaria, dado que la administración del patrimonio, en su redacción original, estaba prevista a través de un órgano de administración formado por terceros. La resolución aclara que, tras la subsanación en 2018, en la que se rectificó que la propia beneficiaria, con discapacidad, era la administradora única, las disposiciones que requerían autorización judicial deben entenderse como inaplicables, dado que la propia beneficiaria tiene capacidad suficiente para gestionar sus bienes. La resolución entra en vigor de inmediato y confirma que la venta puede realizarse sin autorización judicial, siempre que la propia beneficiaria tenga capacidad suficiente, y que las reglas de administración deben interpretarse en coherencia con la modificación del régimen.