Pleno. Sentencia 176/2025, de 20 de Noviembre de 2025. Recurso de Inconstitucionalidad 6560-2024. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia Respecto de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de Junio, de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Principios de Seguridad Jurídica e Interdicción de la Arbitrariedad; Principio Democrático y Supremacía Constitucional; Derechos a la Igualdad y a la Tutela Judicial Efectiva; Reserva de Jurisdicción: Pérdida de Objeto de la Impugnación de los Preceptos Legales Que Delimitan el Ámbito Objetivo y Temporal de Aplicación de la Ley; Constitucionalidad de la Amnistía (stc 137/2025). Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2025, de 20 de noviembre de 2025

Esta resolución declara la inconstitucionalidad parcial de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización en Cataluña, y la pérdida sobrevenida de objeto respecto a ciertos artículos. La ley, promovida por el Parlamento, busca amnistiar delitos relacionados con el proceso independentista catalán, pero es considerada contraria a la Constitución por vulnerar principios fundamentales.

Afecta principalmente a la estructura del Estado, al principio de igualdad, la separación de poderes y la reserva de jurisdicción, al dejar sin efecto sentencias judiciales firmes y alterar la función judicial. La ley también es calificada como norma singular y, en algunos aspectos, como ley orgánica, lo que es cuestionado por su vulneración de los límites constitucionales y del procedimiento legislativo, incluyendo irregularidades en su tramitación parlamentaria.

El Tribunal estima que la amnistía no está prevista en la Constitución, que prohíbe expresamente los indultos generales y no contempla la figura de la amnistía, por lo que su aprobación requiere una reforma constitucional. Además, la ley se considera arbitraria, discriminatoria y contraria a los principios de seguridad jurídica, igualdad y justicia, al beneficiar a ciertos colectivos políticos sin justificación objetiva y sin habilitación expresa.

La sentencia también señala que la ley afecta derechos fundamentales y principios europeos, y que su aprobación mediante un procedimiento irregular y sin respaldo constitucional explícito la hace inconstitucional. La ley se declara parcialmente inconstitucional y nula en los aspectos señalados, con efectos desde la publicación en el BOE, en vigor desde el 26 de diciembre de 2025.