Pleno. Sentencia 51/2026, de 8 de Julio de 2026. Recurso de Amparo 27-2021. Promovido por el Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid, y por Sus Veinte Diputados Integrantes, Respecto de los Acuerdos y Resoluciones de la Mesa, Junta de Portavoces y Presidente de la Cámara en Relación con la Tramitación, por el Procedimiento de Lectura Única, de Un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Vulneración del Derecho Al Ejercicio de las Funciones Representativas: Stc 22/2026 [propuesta Fundada en Una Inadecuada Interpretación de la Legalidad Parlamentaria Que Privó a los Diputados de Su Derecho de Enmienda (sstc 27/2000 y 139/2017)]. Voto Particular.

Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2026, de 8 de julio de 2026

Objeto:
Declara la vulneración del derecho fundamental de participación política (art. 23 CE) de un grupo de diputados del Grupo Más Madrid en la Asamblea de Madrid, por irregularidades en la tramitación y votación en sesión plenaria del proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo de Madrid (Ley 9/2001).

Afectados y alcance:
Afecta a los veinte diputados del grupo Más Madrid, incluyendo a su portavoz, y al propio grupo parlamentario, quienes vieron restringido su derecho a presentar enmiendas y participar en las votaciones en un proceso que, por irregularidades en el cómputo de quórum y en la tramitación en lectura única, vulneró su núcleo de función representativa. La sentencia estima parcialmente el recurso y declara que se vulneraron sus derechos, ordenando la nulidad de las votaciones y actos posteriores que dieron validez a la ley, sin afectar la validez formal de la norma en sí.

Impacto práctico y jurídico:
El fallo subraya que la tramitación en lectura única y las restricciones en la participación, en un contexto de pandemia, deben respetar los derechos fundamentales y los procedimientos reglamentarios, garantizando el ejercicio del derecho de enmienda y la presencia efectiva de los diputados. La resolución refuerza la doctrina sobre la protección del “ius in officium” de los parlamentarios y la necesidad de respetar los requisitos de quorum y participación en las votaciones legislativas.

Entrada en vigor:
La sentencia se publica en el BOE el 3 de agosto de 2026 y produce efectos inmediatos en la nulidad de los actos viciados, sin afectar la validez de la ley aprobada.