Pleno. Sentencia 53/2026, de 8 de Julio de 2026. Recurso de Inconstitucionalidad 1278-2024. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Relación con Diversos Preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de Mayo, por el Derecho a la Vivienda. Competencias en Materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda: Pérdida Parcial de Objeto del Proceso en Cuanto Afecta a Preceptos Legales Ya Enjuiciados en las Sstc 79/2024, de 21 de Mayo; 26/2025, de 29 de Enero; 190/2025, de 16 de Diciembre; 17/2026, de 24 de Febrero, y 41/2026, de 26 de Mayo; Constitucionalidad de los Preceptos Legales Relativos a la Actividad Planificadora del Estado en Materia de Subvenciones de Vivienda. Voto Particular.

Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2026, de 8 de julio de 2026
Regula la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

La resolución analiza la impugnación interpuesta por la Generalitat de Cataluña contra múltiples artículos de la Ley 12/2023, en relación con competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El Tribunal declara la pérdida de objeto respecto a ciertos preceptos ya enjuiciados en sentencias anteriores y desestima en su mayoría las impugnaciones, confirmando la constitucionalidad de los artículos que regulan la actividad planificadora y de fomento del Estado en vivienda, en base a los títulos competenciales del art. 149.1.1 y 13 CE.

El fallo afecta principalmente a las disposiciones que establecen objetivos, planificación, subvenciones y gestión de vivienda, señalando que dichas regulaciones se enmarcan en la competencia del Estado sobre la planificación económica y no invaden la autonomía de las comunidades autónomas, en particular de Cataluña, en materia de vivienda. La sentencia destaca que la Ley 12/2023, en su regulación, busca complementar y coordinar las políticas autonómicas sin suprimir su competencia, mediante mecanismos de colaboración y participación previa.

El Tribunal concluye que los preceptos impugnados no vulneran la distribución de competencias constitucionales, y que la regulación estatal en materia de vivienda, en el ámbito de la planificación y fomento, se ajusta a los límites del art. 149.1.13 CE. La entrada en vigor es inmediata, y se publica en el BOE.