BOE-A-2026-3773
Boletín Oficial del Estado
Resolución de 17 de Octubre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación del Registrador de la Propiedad de Marbella N.º 3, por la Que Se Suspende la Asignación de Un Número de Registro Único de Alquiler de Corta Duración Turístico por Constar en los Estatutos de la Propiedad Horizontal Que «asimismo las Fincas Procedentes de Esta División Horizontal No Podrán Dedicarse a Almacén de Sustancias Explosivas, Corrosivas o Inflamables, Ni Ejercer en Ellos Industrias, Comercios, Escuelas, Academias, Ni en Modo Alguno Cambiar Su Destino de Vivienda a Locales Comerciales».
Fecha de publicación
miércoles, 18 de febrero de 2026
Sección
III. Otras DisposicionesEpígrafe
RecursosResumen
Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
Esta resolución confirma la denegación de la asignación de un número de registro de alquiler de corta duración turístico a una finca en Marbella, debido a que los estatutos de la comunidad de propietarios prohíben expresamente destinar la propiedad a actividades comerciales, industriales o de hospedaje, incluyendo el alquiler turístico. La norma estatutaria, inscrita desde 1980, impide modificar el uso residencial del inmueble, afectando directamente la posibilidad de registrar alquileres turísticos en plataformas digitales.
Afecta a propietarios, gestores y asesores fiscales o jurídicos de inmuebles en régimen de propiedad horizontal que pretendan registrar alquileres de corta duración, ya que la prohibición estatutaria impide la obtención del código de registro requerido por la normativa estatal y europea (Real Decreto 1312/2024 y Reglamento UE 2024/1028). La resolución enfatiza que las limitaciones o prohibiciones en los estatutos deben ser expresas y estar inscritas para ser oponibles a terceros, y que las actividades turísticas se consideran actividades económicas que, en este caso, están expresamente prohibidas por la normativa estatutaria.
La entrada en vigor de esta resolución es inmediata, y los afectados pueden recurrir ante los tribunales civiles en el plazo de dos meses desde su notificación.
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