Pleno. Sentencia 10/2026, de 27 de Enero de 2026. Recurso de Inconstitucionalidad 6556-2024. Interpuesto por la Xunta de Galicia en Relación con la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de Junio, de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Principios de Igualdad, Seguridad Jurídica, Interdicción de la Arbitrariedad, Separación de Poderes y Monopolio de Jurisdicción; Derechos a la Vida, Integridad Física y Moral y a la Tutela Judicial Efectiva; Potestad Jurisdiccional del Tribunal de Cuentas: Pérdida de Objeto de la Impugnación de los Preceptos Legales Que Delimitan el Ámbito Objetivo y Temporal de Aplicación de la Ley; Constitucionalidad de la Amnistía (sstc 137/2025 y 165/2025). Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2026, de 27 de enero de 2026
Fecha de publicación: 5 de marzo de 2026

Resumen:
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Xunta de Galicia contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La resolución declara la pérdida sobrevenida de objeto respecto a los arts. 1.1 y 1.3, párrafo segundo, de la ley, en virtud de las pronunciamientos previos del Tribunal en recursos similares, y desestima el resto del recurso en su conjunto. La ley impugnada, que busca otorgar amnistía a determinados responsables de acciones relacionadas con el proceso independentista catalán, ha sido considerada inconstitucional por vulnerar principios constitucionales esenciales, como la igualdad, la separación de poderes, la reserva de jurisdicción, la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, se señala que la amnistía no está prevista en la Constitución y que su aprobación requiere una habilitación constitucional expresa, lo cual no se cumple en este caso. La sentencia también incluye votos particulares que discrepan en aspectos jurídicos y en la valoración de la constitucionalidad de la ley, resaltando que la misma constituye una medida arbitraria y contraria a los principios del Estado de Derecho. La resolución entrará en vigor y será publicada en el BOE.