Pleno. Sentencia 11/2026, de 11 de Febrero de 2026. Recurso de Inconstitucionalidad 6245-2023. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en Relación con Diversos Apartados de la Disposición Final Segunda de la Ley Foral 35/2022, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el Año 2023. Competencias sobre Contratos Administrativos: Extinción Parcial del Recurso de Inconstitucionalidad por Pérdida Sobrevenida de Su Objeto; Nulidad Parcial del Precepto Foral Que Incluye Dentro de la Reserva de Contratación Pública a Entidades No Contempladas por la Legislación Básica Estatal.

Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2026, de 11 de febrero de 2026
Fecha de publicación en BOE: 19 de marzo de 2026

Resumen:
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra determinados apartados de la Ley Foral 35/2022 de Navarra, que modifica la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos. La resolución declara la pérdida sobrevenida de objeto respecto a los apartados 6 y 7 de la disposición final segunda, al haber sido derogadas esas disposiciones por la Ley Foral 2/2024. Sin embargo, declara inconstitucionales y nulos los incisos que incluyen en la reserva de contratación a entidades sin ánimo de lucro promotoras al 100% de empresas de inserción y centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, por vulnerar la competencia exclusiva del Estado en legislación básica sobre contratos (art. 149.1.18 CE). La sentencia subraya que dichas reservas, al extenderse a entidades no previstas en la normativa estatal, contravienen los principios de igualdad y libre competencia, y afectan a la delimitación del ámbito de reserva de contratación social y laboral. La decisión se fundamenta en que la normativa foral excede los límites de la competencia autonómica limitada por los principios esenciales de la legislación básica estatal y europea. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad son prospectivos, manteniendo los contratos ya adjudicados. La sentencia refuerza la primacía de la normativa estatal y europea en materia de contratación pública, respetando los derechos históricos de Navarra en el marco constitucional.