BOE-A-2026-5822
Boletín Oficial del Estado
Resolución de 4 de Diciembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación de la Registradora de la Propiedad de las Palmas de Gran Canaria N.º 1 a Inscribir la Representación Gráfica Georreferenciada Alternativa en Base a las Alegaciones Formuladas por Un Propietario Colindante en el Curso del Procedimiento Regulado en el Artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria, con Ocasión de la Presentación de Una Escritura de Declaración de Obra Nueva Terminada.
Fecha de publicación
jueves, 12 de marzo de 2026
Sección
III. Otras DisposicionesEpígrafe
RecursosResumen
Resolución de 4 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
Esta resolución revisa un recurso contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria, que denegó la inscripción de una representación gráfica georreferenciada alternativa de una finca, basada en alegaciones de un colindante. La inscripción solicitada correspondía a la finca registral 8.155, tras una declaración de obra nueva y una rectificación de superficie, que pasaba de 750 m² a aproximadamente 578 m².
El recurso fue presentado por los propietarios, quienes argumentaron que la medición se realizó siguiendo un muro histórico que delimita su propiedad, mientras que la oposición se fundamentaba en un informe catastral que, según ellos, no refleja la realidad física. La registradora suspendió la inscripción por dudas sobre la coincidencia de las bases gráficas y la delimitación real, motivada por alegaciones contradictorias y la existencia de informes técnicos opuestos.
La Dirección General concluye que la calificación de la registradora no está suficientemente motivada, ya que no fundamenta objetivamente las dudas sobre la identidad de la finca ni la invasión alegada. Se estima el recurso y se revoca la nota de calificación, ordenando la inscripción de la representación gráfica alternativa, siempre que se cumplan los requisitos legales y se respete la participación de los colindantes en el procedimiento.
La resolución entra en vigor de inmediato y puede ser recurrida ante los tribunales en el plazo de dos meses.
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