Resolución de 12 de Diciembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el Recurso Interpuesto Contra la Nota de Calificación de la Registradora de la Propiedad de San Javier N.º 1 por la Que Se Suspende la Asignación del Número de Registro de Alquiler de Corta Duración Solicitado y la Práctica de la Correspondiente Nota Marginal, por No Constar la Legitimación Notarial de las Firmas de la Autorización de la Comunidad de Propietarios, o Su Ratificación ante el Registrador.

Resolución de 12 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que confirma la suspensión en el Registro de la Propiedad de la asignación de un número de registro de alquiler de corta duración por defectos en la legitimación notarial de firmas y en la documentación de autorización de la comunidad de propietarios. La resolución afecta a solicitudes presentadas en agosto de 2025 en el Registro de San Javier, relacionadas con alquileres turísticos en viviendas de propiedad horizontal, y establece que la autorización de la comunidad debe estar notarialmente legitimada y referenciada en actas certificadas. Además, refuerza la necesidad de acreditar la representación y cargos de los firmantes mediante aseveración notarial, en línea con la normativa hipotecaria y de propiedad horizontal, especialmente tras las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025. La resolución también recuerda que los acuerdos de la comunidad que limiten o condicionen el ejercicio del alquiler turístico requieren la mayoría cualificada del 60% de cuotas, y que los acuerdos adoptados por propietarios posteriores a la modificación del título constitutivo no afectan a terceros sin su consentimiento inscrito. La entrada en vigor de esta norma es inmediata, y la resolución confirma que la falta de legitimación notarial y la identificación adecuada de los propietarios que votaron en las actas constituyen defectos subsanables, pero en este caso conducen a la desestimación del recurso y la confirmación de la calificación negativa. Contra esta resolución, los interesados pueden interponer demanda ante los Juzgados de lo Civil en el plazo de dos meses.