Sala Primera. Sentencia 14/2026, de 23 de Febrero de 2026. Recurso de Amparo 8238-2022. Promovido por Don Carlos Carrizosa Torres y Otros Cinco Diputados Más del Grupo Parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, en Relación con los Acuerdos de la Mesa de la Cámara por los Que Se Calificaron y Admitieron a Trámite Diversas Propuestas de Resolución Formuladas en el Debate sobre la Orientación Política General del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Vulneración del Derecho Al Ejercicio de las Funciones Representativas, en Conexión con el Derecho de los Ciudadanos a Participar en los Asuntos Públicos a Través de Sus Representantes: Admisión a Trámite de Propuestas Parlamentarias Que Incumplen Manifiestamente el Deber de Acatar Lo Decidido por el Tribunal Constitucional.

Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2026, de 23 de febrero de 2026
Fecha de publicación: 27 de marzo de 2026

Esta resolución analiza un recurso de amparo presentado por diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la mesa de esa cámara, que admitieron a trámite propuestas de resolución relacionadas con la orientación política del Gobierno catalán en 2022. La sentencia regula la vulneración del derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas (art. 23.2 CE) y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

El Tribunal concluye que la mesa del Parlamento incurrió en incumplimiento manifiesto de las resoluciones del Tribunal Constitucional, al admitir propuestas que contravienen decisiones previas que declararon inconstitucionales y nulas ciertos contenidos relacionados con la independencia y autodeterminación de Cataluña. La admisión a trámite de estos pasajes, pese a advertencias y requerimientos del Tribunal, vulneró el deber de respetar sus pronunciamientos, afectando el ejercicio legítimo de la función representativa de los diputados y, en consecuencia, el derecho de participación política.

Por ello, se estima el recurso y se declara la vulneración del <em>ius in officium</em> de los recurrentes, ordenando la nulidad de los acuerdos impugnados en los aspectos específicos señalados. La sentencia refuerza la obligación de los órganos parlamentarios de acatar las decisiones del Tribunal Constitucional y de impedir la tramitación de iniciativas contrarias a la Constitución. En vigor desde su publicación, la resolución busca garantizar la supremacía del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito parlamentario.