Pleno. Sentencia 17/2026, de 24 de Febrero de 2026. Recurso de Inconstitucionalidad 5518-2023. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en Relación con Diversos Preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de Mayo, por el Derecho a la Vivienda. Competencias sobre Vivienda: Pérdida Parcial de Objeto del Proceso (stc 79/2024); Constitucionalidad de los Preceptos Atinentes Al Derecho de Todos los Ciudadanos a Disfrutar de Una Vivienda Digna y Adecuada y a las Viviendas Asequibles Incentivadas. Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2026, de 24 de febrero de 2026 (BOE-A-2026-7119)

Resumen:
El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La resolución declara la pérdida de objeto de la impugnación de ciertos artículos (arts. 16.1 d), 19.3, arts. 27 y 28, y la disposición final quinta, en relación con aspectos ya resueltos en sentencias previas, y desestima el resto del recurso en su conjunto. La ley regula aspectos clave del derecho a la vivienda, incluyendo la definición de vivienda digna, criterios de ordenación territorial y urbanística, parques públicos de vivienda, y medidas para zonas de mercado residencial tensionado, entre otros.
El tribunal confirma la constitucionalidad de la mayoría de los preceptos, argumentando que se ajustan a los títulos competenciales del Estado, principalmente en materia de bases y coordinación de la planificación económica (art. 149.1.13 CE), y en algunos casos en materia de legislación procesal (art. 149.1.6 CE). Sin embargo, declara inconstitucionales y nulos aquellos artículos que invaden competencias autonómicas, especialmente en materia de urbanismo y regulación de instrumentos urbanísticos (arts. 15.1 c), 17.4, y el inciso final del art. 17). La sentencia también aborda la extensión del derecho a la vivienda a todos los ciudadanos, incluyendo extranjeros residentes en España, y rechaza que ello tenga cobertura en los títulos competenciales del Estado, por lo que se considera una invasión de competencias autonómicas.
La entrada en vigor es inmediata, y la sentencia se publica en el BOE. La mayoría de los preceptos impugnados son ratificados, salvo aquellos declarados inconstitucionales, reforzando el marco competencial del Estado en planificación económica y en regulación de derechos constitucionales, sin alterar las competencias autonómicas en urbanismo y políticas sociales específicas.