Presupuestos Generales del Estado 2027: calendario, tramitación e impacto

Cada otoño, autónomos, empresas y funcionarios se hacen la misma pregunta: ¿qué va a cambiar con los nuevos presupuestos? Este año la duda pesa más de lo habitual. No está claro siquiera si habrá presupuestos nuevos.

Durante 2024, 2025 y 2026, España ha funcionado con las cuentas de 2023 prorrogadas. Ningún proyecto posterior llegó a superar la tramitación parlamentaria completa. Ahora el Gobierno intenta romper esa dinámica con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.

El camino hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es largo. Tiene plazos marcados por la Constitución. Y este otoño arrastra ya un obstáculo político concreto: el Congreso rechazó en julio de 2026 la senda de estabilidad presupuestaria que debía servir de paso previo.

Este artículo explica qué son los PGE, qué calendario constitucional rige su tramitación, qué ha ocurrido ya en el intento de 2027 y qué impacto tendría su aprobación —o su ausencia— en autónomos, empresas y empleados públicos. También repasamos su relación con la Ley de Contratos del Sector Público y con el techo de gasto.

Nota sobre este artículo: a fecha de esta publicación (8 de septiembre de 2026), el proyecto de ley de PGE 2027 todavía no se ha registrado formalmente en el Congreso de los Diputados. Lo que sigue distingue con cuidado entre los plazos y procedimientos que marca la ley —ciertos— y las fechas concretas de este proceso en particular, que a día de hoy son una previsión sujeta a los apoyos parlamentarios que consiga el Gobierno.

Qué son los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado son la ley anual que cuantifica y distribuye el gasto público del Estado, así como los ingresos previstos para financiarlo. Recogen, entre otras cosas, las retribuciones del personal al servicio del sector público, las partidas de inversión de cada ministerio, las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, y las previsiones de recaudación tributaria del ejercicio.

Se tramitan como una ley ordinaria —no requieren mayoría absoluta, a diferencia de una ley orgánica— pero con un procedimiento parlamentario específico regulado en el artículo 134 de la Constitución y en el Reglamento del Congreso. Si quieres repasar la diferencia entre los distintos tipos de norma que publica el BOE, incluida la ley ordinaria, puedes consultar nuestro glosario sobre la ley ordinaria.

Una vez aprobados por las Cortes Generales, los PGE se publican en la Sección I del BOE, la misma sección donde aparecen el resto de leyes, reales decretos-ley y reales decretos. Hemos preparado también una entrada específica en nuestro glosario sobre los Presupuestos Generales del Estado si necesitas una definición más breve y técnica.

Por qué 2027 podría repetir la historia de los tres años anteriores

El último ejercicio que contó con unos PGE aprobados desde cero fue 2023, mediante la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE-A-2022-22128). Desde entonces, ningún proyecto posterior ha completado su tramitación.

El artículo 134.4 de la Constitución española prevé exactamente este escenario: si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta que se apruebe una nueva. Así ha ocurrido con las cuentas de 2023, prorrogadas de forma sucesiva durante 2024, 2025 y 2026.

Repasamos ese fenómeno con más detalle, incluidos los reales decretos-ley que han sustituido a una ley de presupuestos propiamente dicha durante 2026, en nuestra guía sobre los cambios fiscales de 2026. Esa dispersión normativa —medidas tributarias repartidas en varios decretos en lugar de concentradas en una sola ley de diciembre— es precisamente lo que una ley de presupuestos aprobada a tiempo evita.

La pregunta para 2027 es si el Gobierno reunirá los apoyos necesarios para romper esa dinámica o si el ejercicio arrancará, por cuarto año consecutivo, con las cuentas de 2023 prorrogadas de nuevo.

El techo de gasto 2027: la primera pieza del proceso

Antes de que exista un proyecto de ley de PGE como tal, el Gobierno debe fijar el techo de gasto del Estado para el ejercicio siguiente. Es el límite máximo de gasto no financiero que el Estado puede asumir, y se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Para 2027, el techo de gasto se ha fijado en 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el límite de 2026. A diferencia de la senda de estabilidad —que veremos a continuación—, la fijación del techo de gasto en sí misma no requiere votación en el Congreso ni en el Senado: es una decisión del Consejo de Ministros.

Esto no significa que el proceso presupuestario quede al margen del Parlamento. El techo de gasto se enmarca dentro de la senda de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que sí necesita el visto bueno de las Cortes Generales antes de que el proyecto de PGE pueda avanzar.

La senda de estabilidad: el obstáculo que ya ha fallado una vez

En julio de 2026, el Pleno del Congreso rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2027-2029. La votación reflejó la falta de apoyos del Gobierno en la legislatura actual: 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones, con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN.

Esta senda de estabilidad es el marco financiero que fija los objetivos de déficit, deuda pública y límite de gasto para el conjunto de las administraciones —Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales— durante los tres ejercicios siguientes. Funciona como el paso previo obligatorio a la presentación de cualquier proyecto de PGE: sin senda aprobada, no hay marco dentro del cual encajar las cuentas del año siguiente.

Tras un rechazo de este tipo, la normativa presupuestaria da al Gobierno un plazo de un mes para presentar una nueva propuesta de senda y someterla de nuevo a votación en las Cámaras. Si tampoco esa segunda propuesta obtiene el respaldo necesario, el proyecto de PGE 2027 quedaría, de facto, bloqueado antes incluso de registrarse formalmente en el Congreso.

Este es el punto de mayor incertidumbre del proceso a fecha de esta publicación. El Gobierno mantiene su intención de presentar un proyecto de PGE 2027 pese a la falta de mayoría parlamentaria asegurada, pero el precedente de los tres ejercicios anteriores —y el rechazo ya sufrido en la senda de estabilidad— hacen prudente no dar por hecha su aprobación.

Calendario constitucional de tramitación de los PGE

Al margen de la incertidumbre política de este año concreto, la Constitución y el Reglamento del Congreso marcan un procedimiento y unos plazos que se aplican, en teoría, a cualquier proyecto de ley de presupuestos. Conviene distinguir entre lo que la norma exige y lo que efectivamente ha ocurrido en los últimos ejercicios.

Fase	Plazo o referencia legal	Situación a 8 de septiembre de 2026
Fijación del techo de gasto	Acuerdo de Consejo de Ministros	Aprobado: 226.032 millones de euros para 2027
Aprobación de la senda de estabilidad 2027-2029	Votación en Congreso y Senado	Rechazada en julio de 2026; pendiente nueva propuesta
Presentación del proyecto de PGE ante el Congreso	Art. 134.3 CE: al menos 3 meses antes de expirar el ejercicio anterior (en la práctica, antes del 1 de octubre)	Sin presentar a fecha de esta publicación
Plazo de enmiendas	Habitualmente 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, prorrogable	Pendiente de apertura
Informe de la Comisión de Presupuestos	Reglamento del Congreso	Pendiente
Debate y votación en el Pleno del Congreso	Reglamento del Congreso	Pendiente
Tramitación en el Senado	Art. 90 CE (plazo general de dos meses, reducible)	Pendiente
Aprobación definitiva y entrada en vigor	Antes del 1 de enero del ejercicio, si se cumple el calendario ordinario	Incierta; posible prórroga de las cuentas de 2023 por cuarto año consecutivo

Es importante leer esta tabla con cautela: describe el procedimiento y los plazos de referencia, no una previsión cerrada de fechas para 2027. El artículo 134.3 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar el proyecto "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", lo que sitúa el límite constitucional en torno al 1 de octubre. Pero ese mismo artículo 134.4 es el que permite la prórroga automática cuando ese plazo no se cumple —como ha sucedido ya tres años seguidos.

Qué ocurre tras la presentación del proyecto en el Congreso

Si el proyecto de PGE 2027 llega a registrarse formalmente, el procedimiento parlamentario sigue, a grandes rasgos, estos pasos:

1. Publicación y plazo de enmiendas: el texto se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se abre un plazo, habitualmente de 15 días, para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la totalidad, al articulado o a las secciones del estado de gastos.
2. Comisión de Presupuestos: la Comisión estudia las enmiendas, elabora un informe y lo eleva al Pleno.
3. Debate y votación en el Pleno del Congreso: se vota primero el conjunto del proyecto y después, si procede, las enmiendas no incorporadas en Comisión.
4. Remisión al Senado: el Senado dispone de un plazo para introducir enmiendas o vetar el texto. Si lo aprueba sin cambios, el texto se remite directamente para su publicación en el BOE. Si lo veta o lo modifica, vuelve al Congreso, que decide si levanta el veto o incorpora las enmiendas.
5. Sanción y publicación: una vez superados ambos trámites, la ley se sanciona y se publica en el BOE, entrando en vigor —salvo que el propio texto establezca otra cosa— el 1 de enero del ejercicio correspondiente.

Un factor relevante para 2027 es la composición del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Esto significa que, si el proyecto llega a esa fase, la Cámara alta tiene capacidad real de introducir modificaciones o de vetar el texto, obligando a una nueva votación en el Congreso antes de cualquier publicación en el BOE.

Qué contiene habitualmente una ley de Presupuestos Generales del Estado

Aunque el contenido concreto del proyecto de PGE 2027 no puede anticiparse sin inventar cifras, sí es posible describir qué tipo de medidas incluye habitualmente una ley de este tipo, a partir de precedentes ya publicados en el BOE. La última ley de PGE aprobada, la Ley 31/2022 para el ejercicio 2023, contenía —entre otras materias— la previsión de incremento retributivo del personal del sector público, las bases de cotización a la Seguridad Social, el límite de gasto no financiero del Estado y modificaciones puntuales en tributos como el IRPF o el IVA.

Una ley de presupuestos no es, por sí sola, la única norma que module la fiscalidad de un ejercicio: como ha ocurrido en 2026 a falta de PGE nuevos, buena parte de esas medidas puede llegar también mediante reales decretos-ley independientes. Para seguir qué plazos fiscales concretos afectan a autónomos y empresas en el tramo final de 2026, con independencia de si hay PGE nuevos o prorrogados, puede consultarse nuestro calendario fiscal de octubre a diciembre de 2026.

Impacto esperado en autónomos y empresas

Para autónomos y pymes, la existencia o ausencia de unos PGE nuevos condiciona, sobre todo, la previsibilidad del marco fiscal y de cotización del ejercicio siguiente. Con presupuestos prorrogados, como ha sucedido en 2024, 2025 y 2026, las novedades tributarias tienden a llegar fragmentadas en varios reales decretos-ley a lo largo del año, en lugar de concentrarse en una sola norma aprobada en diciembre.

Entre los aspectos que, en años con PGE aprobados, suelen quedar fijados en la propia ley están:

• Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social aplicables a autónomos.
• El salario mínimo interprofesional, cuando su actualización se vincula al ejercicio presupuestario.
• Determinados límites y umbrales de regímenes fiscales simplificados, como el de módulos.
• Las partidas de inversión pública que afectan a sectores dependientes de contratación con las administraciones.

Sea cual sea el desenlace del proceso de 2027, conviene distinguir entre lo que ya es seguro —el techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros— y lo que sigue siendo una previsión sujeta a la tramitación parlamentaria. En BOE Hoy puedes seguir cada real decreto-ley o proyecto de ley relacionado con esta materia a medida que se publica, con un resumen orientativo generado por IA de cada disposición relevante para tu actividad.

Impacto esperado en funcionarios y empleados públicos

Para el personal del sector público, la ley de PGE es tradicionalmente la norma que fija el incremento retributivo anual, dentro de los márgenes que negocian el Gobierno y los sindicatos representativos. En ejercicios con presupuestos prorrogados, esa actualización salarial puede aprobarse igualmente mediante un real decreto-ley independiente, como ha ocurrido en los ejercicios recientes, pero sin la visión de conjunto que ofrece una ley de presupuestos completa.

Además de las retribuciones, una ley de PGE recoge habitualmente la oferta de empleo público del ejercicio y sus tasas de reposición, con impacto directo en el número de plazas convocadas en los distintos cuerpos y escalas. Quienes preparan una oposición conviene que sigan tanto el proyecto de PGE 2027 como, en su defecto, los reales decretos-ley que puedan sustituirlo en estas materias durante el otoño.

PGE, techo de gasto y Ley de Contratos del Sector Público

Los PGE y la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, Ley 9/2017) están vinculados en un doble sentido. Por un lado, la ejecución del gasto público en contratación —obra pública, suministros, servicios— queda encajada dentro del techo de gasto no financiero fijado para el ejercicio, lo que condiciona el volumen de licitaciones que cada administración puede convocar. Por otro, las leyes de presupuestos han servido en ocasiones para actualizar determinadas cuantías y referencias vinculadas a la contratación pública, aunque las modificaciones sustantivas del régimen de contratos suelen tramitarse por vía de reforma específica de la LCSP, no dentro del articulado de los propios PGE.

Con un techo de gasto 2027 ya fijado en 226.032 millones de euros —un 6,6% más que en 2026— cabe esperar, si el proyecto llega a aprobarse, un margen algo mayor de inversión pública respecto al ejercicio anterior. Pero esa cifra es, por ahora, un límite superior aprobado por el Consejo de Ministros, no una garantía de gasto ejecutado ni de convocatorias concretas: su despliegue efectivo depende de que el proyecto de PGE complete la tramitación descrita más arriba.

Qué hacer mientras el proceso avanza

Dada la incertidumbre sobre los plazos exactos de esta tramitación, la recomendación práctica no es esperar a que se publique la ley completa, sino seguir cada hito por separado a medida que ocurre: la eventual nueva propuesta de senda de estabilidad, el registro del proyecto en el Congreso, la apertura del plazo de enmiendas y, en su caso, la aprobación definitiva.

En BOE Hoy puedes consultar el buscador de disposiciones para localizar cualquier norma relacionada con los Presupuestos Generales del Estado en cuanto se publique, filtrando por sección, departamento o texto libre. Y desde la Sección I del BOE puedes revisar a diario las leyes, reales decretos-ley y reales decretos de mayor rango, que es donde aparecerá tanto la eventual ley de PGE 2027 como cualquier real decreto-ley que la sustituya si el proyecto no llega a tiempo.

Los resúmenes de BOE Hoy son orientativos y están generados con inteligencia artificial a partir del texto publicado en el BOE. Para efectos legales, consulta siempre el texto íntegro en boe.es, especialmente en una materia con tantas cifras y plazos concretos como esta.

No te pierdas ningún paso de la tramitación

El proceso de los PGE 2027 se va a extender durante varios meses, con hitos que pueden cambiar el calendario de un día para otro: una nueva votación de la senda de estabilidad, el registro del proyecto, la apertura de plazos de enmiendas o, en el escenario contrario, la confirmación de una nueva prórroga. Recibir cada novedad en el momento en que se publica evita tener que revisar el BOE a diario por tu cuenta.

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