Sala Segunda. Sentencia 109/2025, de 12 de Mayo de 2025. Recurso de Amparo 796-2022. Promovido por Don Víctor Manuel de Oliveira Fernandes y Doña Manuela Flores Verdejo Respecto de las Resoluciones Dictadas por la Audiencia Provincial de Lleida en Procedimiento de Ejecución Hipotecaria. Vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (resolución Fundada en Derecho): Resoluciones Judiciales Que, Ignorando el Principio de Efectividad del Derecho de la Unión Europea, Deniegan la Imposición de Costas en Un Proceso en el Que Se Ha Declarado el Carácter Abusivo de Cláusulas Contractuales (sstc 91/2023 y 96/2023).

Sentencia del Tribunal Constitucional 109/2025, de 12 de mayo de 2025

Esta resolución analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un recurso de amparo por parte de consumidores en un proceso de ejecución hipotecaria. La sentencia revisa las decisiones de la Audiencia Provincial de Lleida que, tras declarar la nulidad por abusividad de cláusulas contractuales, no impuso costas a la parte ejecutante, alegando dudas de Derecho por la jurisprudencia reciente.

Afecta directamente a consumidores y profesionales del ámbito judicial y financiero, ya que establece que la negativa a imponer costas en casos de cláusulas abusivas vulnera la efectividad del Derecho de la Unión Europea y el principio de disuasión contra prácticas abusivas. La resolución destaca que la aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en estos casos es arbitraria y contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohíbe que los consumidores soporten costes en procedimientos en los que se declara la abusividad de cláusulas.

El Tribunal Constitucional declara la nulidad de las resoluciones impugnadas y ordena la retroacción de las actuaciones para que el órgano judicial dicte una nueva resolución, respetuosa con los derechos fundamentales. La sentencia refuerza la protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas en el ámbito hipotecario, garantizando que las decisiones judiciales sean motivadas y fundamentadas en Derecho, en línea con la jurisprudencia europea y constitucional. La resolución entra en vigor de inmediato.