Pleno. Sentencia 118/2025, de 14 de Mayo de 2025. Recurso de Inconstitucionalidad 7549-2023. Interpuesto por Más de Cincuenta Miembros de los Grupos Parlamentarios Socialista y Sumar del Congreso de los Diputados Respecto de las Disposiciones Final Segunda y Derogatoria Única del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de Agosto, de Medidas Urgentes en el Ámbito Educativo y en el Sanitario. Límites de los Decretos-leyes: Pérdida Parcial de Objeto del Proceso; Justificación de la Concurrencia del Presupuesto Habilitante en Una Norma de Urgencia Que, Al Eliminar la Exigencia de Un Determinado Nivel de Conocimiento de Catalán Como Requisito para Acceder a Puestos de Personal Estatutario y Laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears, No Incorpora Una Regulación General del Régimen de Cooficialidad Lingüística.

Sentencia del Tribunal Constitucional 118/2025, de 14 de mayo de 2025

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones finales segunda y derogatoria única del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, que modifican la regulación del conocimiento del catalán en la función pública sanitaria.

La norma impugnada elimina, con carácter general, el requisito de acreditación del nivel de catalán para el acceso a puestos sanitarios en Baleares, convirtiéndolo en mérito. Afecta específicamente al personal sanitario y a su proceso de ingreso y provisión, sin alterar el régimen de cooficialidad ni el derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la administración sanitaria.

El Tribunal declara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso respecto a las alegaciones relacionadas con la vulneración de derechos estatutarios y constitucionales sobre el uso del catalán, al haber sido derogada o modificada la norma impugnada por leyes posteriores. Sin embargo, desestima el recurso en relación con la supuesta vulneración del presupuesto habilitante y la afectación a derechos estatutarios, considerando que la justificación del déficit de profesionales sanitarios y la urgencia de la reforma están debidamente fundamentadas y dentro del margen de valoración política del legislador.

La sentencia entra en vigor de inmediato y refuerza la legalidad del uso del decreto-ley en situaciones de urgencia, siempre que exista una justificación razonada y proporcionalidad en las medidas adoptadas.