Sala Segunda. Sentencia 121/2025, de 26 de Mayo de 2025. Recurso de Amparo 5143-2023. Promovido por Don Salvador Luis Peñalver Barba en Relación con la Sentencia de la Sala de Lo Civil del Tribunal Supremo Que Desestimó Su Pretensión de Imposición de Costas a la Entidad Crediticia Demandada de Juicio Ordinario sobre Declaración de Nulidad de la Cláusula Multidivisa de Un Contrato de Préstamo Hipotecario. Vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (resolución Fundada en Derecho): Resolución Judicial Que, Ignorando el Principio de Efectividad del Derecho de la Unión Europea, Deniega la Imposición de Costas en Un Proceso en el Que Se Ha Declarado el Carácter Abusivo de Cláusulas Contractuales (sstc 91/2023 y 96/2023).

Sentencia del Tribunal Constitucional 121/2025, de 26 de mayo de 2025

Esta resolución analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un recurso de amparo promovido por Salvador Luis Peñalver Barba contra decisiones del Tribunal Supremo relacionadas con la imposición de costas en un proceso sobre cláusulas abusivas en un préstamo hipotecario multidivisa.

La sentencia afecta a consumidores que hayan litigado por la declaración de nulidad de cláusulas abusivas, en particular en casos de cláusulas multidivisa, y cuestiona la legalidad de que el Tribunal Supremo no imponga costas a la entidad financiera en recursos de apelación y casación, en contradicción con la jurisprudencia europea y la doctrina constitucional sobre la protección del consumidor. La resolución destaca que la interpretación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aplicada para no imponer costas en estos recursos, no está suficientemente motivada y desconoce el efecto disuasorio que las normas del Derecho de la Unión Europea tienen sobre la protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas.

El Tribunal Constitucional estima que la falta de justificación adecuada y la interpretación restrictiva de las normas procesales vulneran el derecho a una resolución fundada en Derecho, y ordena la nulidad de las decisiones impugnadas, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior para que se dicte una nueva resolución que respete los principios de tutela judicial efectiva y primacía del Derecho de la Unión. La sentencia entrará en vigor de inmediato y se publica en el BOE.