Sala Segunda. Sentencia 123/2025, de 26 de Mayo de 2025. Recurso de Amparo 5803-2024. Promovido por Doña Olaia San Miguel Cantero en Relación con las Resoluciones Administrativas y Judiciales Que Desestimaron Su Petición de Revisión y Ampliación de la Prestación por Nacimiento y Cuidado de Hijo Menor, Como Madre Biológica de Familia Monoparental. Vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley sin Discriminación: Resoluciones Judiciales y Administrativas Que Aplican Una Regulación Legal Declarada Inconstitucional en la Stc 140/2024, en Tanto Que Omite la Posibilidad de Que las Madres Biológicas de Familias Monoparentales, Trabajadoras por Cuenta Ajena, Puedan Ampliar Su Permiso por Nacimiento Disfrutando del Permiso Que Correspondería Al Otro Progenitor, Caso de Existir.

Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2025, de 26 de mayo de 2025

Esta resolución declara la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) en relación con la protección del nacimiento y cuidado del menor, específicamente en casos de familias monoparentales. La sentencia anula las resoluciones administrativas del INSS y las sentencias judiciales que negaron la ampliación del permiso por nacimiento en familias monoparentales, al aplicar una normativa inconstitucional (arts. 48.4 LET y 177 LGSS) declarada en la STC 140/2024. La normativa vigente, en su interpretación literal, genera discriminación directa e indirecta por razón de circunstancias personales, familiares y de sexo, al limitar la duración del permiso y la prestación económica en estos casos, en comparación con familias biparentales. La sentencia establece que, hasta que el legislador reforme la normativa, debe interpretarse que las madres monoparentales tienen derecho a ampliar el permiso en igualdad de condiciones, sumando las semanas correspondientes al otro progenitor. La resolución afecta a madres biológicas y adoptivas en familias monoparentales, garantizando la igualdad en el acceso a permisos y prestaciones por nacimiento y cuidado del menor. La sentencia entra en vigor de inmediato y ordena la retroacción de las actuaciones al momento previo a las resoluciones administrativas impugnadas, restableciendo los derechos vulnerados. La decisión refuerza la obligación del legislador de garantizar la igualdad efectiva y evitar discriminaciones por razón de nacimiento, filiación o sexo en el ámbito de la protección social.