Sala Primera. Sentencia 124/2025, de 26 de Mayo de 2025. Recurso de Amparo 5988-2024. Promovido por Doña Katalin Nazabal Ortueta en Relación con las Resoluciones Administrativas y Judiciales Que Desestimaron Su Petición de Revisión y Ampliación de la Prestación por Nacimiento y Cuidado de Hijo Menor, Como Madre Biológica de Familia Monoparental. Vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley sin Discriminación por Razón de Nacimiento: Resoluciones Judiciales y Administrativas Que Aplican Una Regulación Legal Declarada Inconstitucional en la Stc 140/2024, en Tanto Que Omite la Posibilidad de Que las Madres Biológicas de Familias Monoparentales, Trabajadoras por Cuenta Ajena, Puedan Ampliar Su Permiso por Nacimiento Disfrutando del Permiso Que Correspondería Al Otro Progenitor, Caso de Existir.

Sentencia del Tribunal Constitucional 124/2025, de 26 de mayo de 2025

Resumen:
Esta resolución declara la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento en el caso de una madre monoparental que solicitó ampliar la prestación por nacimiento y cuidado de hijo. La sentencia afecta a las resoluciones del INSS y a las decisiones judiciales que desestimaron su petición, al considerar que la normativa vigente (arts. 48.4 LET y 177 LGSS, reformados por el Real Decreto-ley 6/2019) produce una discriminación indirecta contra las madres en familias monoparentales, al no permitirles disfrutar del permiso adicional que correspondería a un progenitor en una familia biparental. La sentencia estima el recurso de amparo y anula dichas resoluciones, ordenando que el INSS emita una nueva resolución conforme a la doctrina constitucional establecida en la STC 140/2024, que declaró inconstitucional la omisión de protección específica para las familias monoparentales en materia de permisos por nacimiento. La decisión refuerza la obligación del legislador de garantizar la igualdad efectiva y el interés superior del menor, eliminando la discriminación por circunstancias familiares. La retroacción de actuaciones busca que la Administración dicte una resolución ajustada a los derechos constitucionales afectados. La sentencia entra en vigor de inmediato y será publicada en el BOE.