Sala Segunda. Sentencia 143/2025, de 8 de Septiembre de 2025. Recurso de Amparo 8030-2021. Promovido por Don Javier Ignacio Maroto Aranzábal y Doña Salomé Pradas Ten, Portavoz y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Respecto de los Acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre Toma en Consideración de Una Iniciativa de Reforma de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Vulneración del Derecho Al Ejercicio de las Funciones Representativas, en Conexión con el Derecho de los Ciudadanos a Participar en los Asuntos Públicos a Través de Sus Representantes: Veto Gubernamental en el Que No Se Justifica Una Afección Directa a los Presupuestos en Vigor (stc 167/2023).

Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2025, de 8 de septiembre de 2025

Esta resolución analiza la vulneración del derecho al ejercicio del cargo público parlamentario y de participación ciudadana en relación con los acuerdos de la mesa del Senado que impidieron la tramitación de una proposición de ley para reducir el IVA en servicios de peluquería, barbería y estética. La proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, buscaba aplicar un tipo reducido del 10% sin coste en el ejercicio en curso y con efectos económicos positivos para 2022. Sin embargo, el Gobierno expresó disconformidad alegando un impacto presupuestario de 203 millones de euros, fundamentando su veto en la intromisión en la política económica, en lugar de en una afectación directa e inmediata en el presupuesto vigente.

El Tribunal concluye que las decisiones de la mesa del Senado vulneraron los derechos de los diputados, al limitar indebidamente su facultad de iniciativa legislativa y omitir el control material sobre la justificación del veto presupuestario, contraviniendo la doctrina constitucional sobre el alcance temporal y la motivación del veto del Gobierno. La sentencia declara la nulidad de los acuerdos impugnados y reconoce la vulneración del derecho fundamental de los recurrentes, ordenando la retroacción de las actuaciones para que la mesa del Senado dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos políticos y parlamentarios. La resolución se publica en el BOE y tiene efectos limitados a la legislatura finalizada.