Sala Primera. Sentencia 147/2025, de 8 de Septiembre de 2025. Recurso de Amparo 8939-2024. Promovido por Doña Yolanda Cabezas Iturrate en Relación con las Resoluciones Administrativas y Judiciales Que Desestimaron Su Petición de Revisión y Ampliación de la Prestación por Nacimiento y Cuidado de Hijo Menor, Como Guardadora con Fines de Adopción de Familia Monoparental. Vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley sin Discriminación: Resoluciones Judiciales y Administrativas Que Aplican Una Regulación Legal Declarada Inconstitucional en la Stc 140/2024, en Tanto Que Omite la Posibilidad de Que las Madres de Familias Monoparentales, Trabajadoras por Cuenta Ajena, Puedan Ampliar Su Permiso por Nacimiento Disfrutando del Permiso Que Correspondería Al Otro Progenitor, Caso de Existir.

Sentencia del Tribunal Constitucional 147/2025, de 8 de septiembre de 2025

Esta resolución declara la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) en decisiones administrativas y judiciales que denegaron la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor en casos de familias monoparentales en situación de adopción. La sentencia afecta a la demandante, Yolanda Cabezas Iturrate, y a resoluciones del INSS, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Tribunal Supremo, que aplicaron una normativa declarada inconstitucional en la STC 140/2024, por omitir la protección de las madres monoparentales en igualdad de condiciones con las biparentales.

El fallo estima que las decisiones impugnadas constituyen discriminación por razón de nacimiento y sexo, al no reconocer la posibilidad de ampliar el permiso en igualdad de condiciones, en línea con la jurisprudencia constitucional. Se declara la nulidad de las resoluciones administrativas y judiciales que denegaron la ampliación, y se retrotraen las actuaciones al momento previo a dichas decisiones para dictar una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

La sentencia enfatiza que, en casos de guarda con fines de adopción, la normativa debe interpretarse en línea con la protección constitucional contra la discriminación, extendiendo la protección a las familias monoparentales en igualdad de condiciones con las biparentales. La resolución entra en vigor de inmediato y se publica en el BOE.