BOE-A-2025-20269
Boletín Oficial del Estado
Pleno. Auto 88/2025, de 9 de Septiembre de 2025. Recurso de Inconstitucionalidad 3112-2025. Mantiene Parcialmente la Suspensión Acordada en el Recurso de Inconstitucionalidad 3112-2025, Interpuesto por el Presidente del Gobierno en Relación con Diversos Preceptos de la Ley 5/2024, de 26 de Julio, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Votos Particulares.
Fecha de publicación
viernes, 10 de octubre de 2025
Departamento
Tribunal ConstitucionalEpígrafe
AutosResumen
Auto del Tribunal Constitucional de 9 de septiembre de 2025 (BOE-A-2025-20269)
Este auto mantiene parcialmente la suspensión de ciertos preceptos de la Ley 5/2024 de la Comunitat Valenciana, impugnada por el Gobierno por vulnerar la Constitución y el orden competencial, y levanta la suspensión del artículo 1.3 de dicha ley. La norma impugnada modifica aspectos relacionados con la memoria democrática y los derechos de las víctimas, sustituyendo la Ley 14/2017 por un régimen más restrictivo, lo que, según el recurso, vulnera derechos internacionales, la igualdad y las competencias estatales en materia educativa y de memoria histórica.
El Tribunal considera que la suspensión debe mantenerse respecto a los artículos 2, 3, apartado 1, inciso "las obligaciones establecidas en el artículo segundo y en", apartado 5, la disposición transitoria segunda y la disposición derogatoria única, debido a los perjuicios irreparables que su levantamiento podría causar en la protección de derechos fundamentales, la cooperación institucional y la efectiva reparación de víctimas. Sin embargo, levanta la suspensión del artículo 1.3, que amplía la protección a víctimas de la Segunda República y terrorismo, por no generar perjuicios de difícil reparación.
Votos particulares disienten respecto a la decisión de mantener la suspensión, argumentando que no existen fundamentos suficientes para ello y que la ley autonómica respeta la legislación básica estatal, reforzando la protección de víctimas y la memoria democrática. Se advierte además una tendencia a relajar los requisitos para suspender leyes autonómicas, lo que podría afectar la autonomía parlamentaria y el equilibrio competencial en el Estado de las autonomías.
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