Pleno. Sentencia 162/2025, de 7 de Octubre de 2025. Recurso de Amparo 3934-2022. Promovido por las Comunidades de Propietarios del Complejo Residencial Norte, Centro y Sur de la Isla de Valdecañas Respecto de la Sentencia de la Sala de Lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo Estimatoria del Recurso de Casación Formulado Respecto de la Resolución de la Sala de Lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Que Había Declarado la Imposibilidad Material Parcial de Ejecución de la Sentencia Declarativa de la Nulidad del Decreto Que Aprobó el Proyecto de Interés Regional Promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.a. Supuesta Vulneración de los Derechos a la Tutela Judicial Efectiva (exceso de Jurisdicción e Intangibilidad de las Resoluciones Judiciales Firmes) y Al Juez Imparcial: la Participación en la Aprobación de Una Sentencia Materialmente Conectada con el Objeto del Recurso de Casación No Es Causa Suficiente de Pérdida de la Imparcialidad (stc 149/2025); Sentencia Casacional Suficientemente Motivada, Que No Incurre en Exceso de Jurisdicción Ni Desconoce la Intangibilidad de las Resoluciones Judiciales Firmes.

Sentencia del Tribunal Constitucional 162/2025, de 7 de octubre de 2025

Qué regula:
Resuelve un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que, en un proceso de casación, ordenó la demolición parcial de un complejo residencial en la Isla de Valdecañas, tras declarar la nulidad de un proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.A. La resolución analiza la legalidad de la ejecución, la imparcialidad judicial y la protección de derechos fundamentales.

Impacto y afectados:
Afecta a las comunidades de propietarios del complejo, a la Administración autonómica, a la promotora y a terceros propietarios, en un contexto de protección ambiental, ordenación urbanística y derechos de propiedad y residencia. La sentencia confirma que la ejecución de sentencias firmes debe respetar los límites legales y constitucionales, rechazando la inejecución parcial basada en intereses socioeconómicos o ambientales, y reafirma la constitucionalidad de la interpretación judicial en la materia.

Entrada en vigor:
Publicada en el BOE el 10 de noviembre de 2025, la resolución es de cumplimiento obligatorio desde esa fecha.

Resumen:
El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo presentado por las comunidades de propietarios del complejo residencial de Valdecañas, confirmando la legalidad de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó la demolición de las construcciones en ejecución del proyecto anulado por su incompatibilidad con la protección ambiental y la ordenación urbanística. La sentencia reafirma que la ejecución de sentencias firmes debe ajustarse a los límites constitucionales, especialmente en derechos de propiedad y residencia, y que la valoración de intereses socioeconómicos o ambientales no puede justificar la inejecución total o parcial de una sentencia declarativa de nulidad. Además, ratifica que la participación en la resolución de un magistrado que intervino en instancias previas no vulnera la imparcialidad, y que la interpretación judicial en la fase de ejecución no afecta la intangibilidad de las sentencias firmes. La decisión refuerza la primacía del Estado de Derecho y la protección del medioambiente en la ejecución de sentencias judiciales.