Pleno. Sentencia 163/2025, de 7 de Octubre de 2025. Cuestión de Inconstitucionalidad 5367-2024. Planteada por la Sección Primera de la Sala de Lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Relación con el Artículo 2 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de Abril, de Medidas Urgentes en el Ámbito Tributario y Financiero. Límites Materiales de los Decretos Leyes: Constitucionalidad del Precepto Legal Que Modifica el Tipo de Gravamen del Impuesto sobre las Instalaciones Que Inciden en el Medio Ambiente de Cataluña.

Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2025, de 7 de octubre de 2025
Publicada en el BOE el 10 de noviembre de 2025

Resumen:
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que desestima la cuestión de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de la Generalitat de Cataluña, que modifica los tipos del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La norma afecta principalmente a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes convencionales (nuclear y fósiles), incrementando en un 33% los tipos impositivos en un contexto de crisis energética y transición ecológica. La resolución concluye que no se ha vulnerado el límite material ni el presupuesto de la ley de urgencia, ya que la medida responde a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, justificada por la crisis derivada de la guerra en Ucrania y la necesidad de acelerar la transición energética. Además, se determina que el impuesto en cuestión no constituye un pilar básico del sistema tributario autonómico ni afecta de manera significativa la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, por lo que la modificación del tipo de gravamen no vulnera el deber de contribuir establecido en la Constitución. La sentencia reafirma que los decretos-ley autonómicos deben cumplir con los límites constitucionales y que la valoración de la urgencia y la afectación material debe realizarse de forma conjunta, considerando el contexto y la finalidad extrafiscal de las medidas adoptadas. La resolución entra en vigor y se publica en el BOE, reafirmando la constitucionalidad de la norma impugnada.