Pleno. Sentencia 190/2025, de 16 de Diciembre de 2025. Recurso de Inconstitucionalidad 5516-2023. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en Relación con Diversos Preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de Mayo, por el Derecho a la Vivienda. Competencias sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda; Legislación Civil y Procesal: Pérdida Parcial de Objeto del Recurso (sstc 79/2024 y 26/2025); Constitucionalidad de los Preceptos Legales Que Declaran Uso Compatible de los Suelos Dotacionales el Destinado a la Construcción de Viviendas Dotacionales Públicas, Establecen Obligaciones de Publicidad y Transparencia en la Demanda de Vivienda e Introducen Requisitos de Admisibilidad de Demandas de Desahucio Presentadas por Quienes Ostenten la Condición de Grandes Tenedores de Vivienda y de Comunicación de Procesos sobre Vivienda Habitual. Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 190/2025, de 16 de diciembre de 2025
Fecha de publicación en BOE: 24 de enero de 2026

Resumen:
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. La resolución declara la constitucionalidad de la mayoría de las disposiciones impugnadas, pero excluye y declara inconstitucionales y nulos varios artículos y apartados específicos, principalmente aquellos que regulan competencias en materia de urbanismo, vivienda y procedimientos judiciales relacionados con desahucios y registros de demandantes.

La sentencia afecta directamente a las comunidades autónomas, ya que considera que varias previsiones de la Ley 12/2023 invaden competencias exclusivas en urbanismo, legislación civil y procesal, y vulneran principios constitucionales de distribución de competencias y derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva. Entre los aspectos impugnados se incluyen regulaciones sobre uso del suelo, declaración de zonas de mercado tensionado, gestión de parques públicos de vivienda y requisitos procesales en procedimientos de recuperación de vivienda.

El Tribunal establece que las disposiciones que regulan aspectos urbanísticos y de competencia autonómica deben respetar la autonomía de las comunidades, y que las medidas estatales deben limitarse a condiciones básicas y directrices, sin invadir ámbitos exclusivos. La entrada en vigor de la sentencia es inmediata, y se declara la pérdida de objeto de las impugnaciones respecto a ciertos artículos ya anulados en resoluciones anteriores.

La sentencia incluye votos particulares que discrepan en la interpretación de la competencia del Estado en materia de urbanismo y regulación de vivienda, señalando que algunas previsiones exceden los límites constitucionales y deben ser declaradas inconstitucionales.