Pleno. Sentencia 191/2025, de 16 de Diciembre de 2025. Cuestión de Inconstitucionalidad 2840-2024. Planteada por la Sala de Lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en la Redacción Dada por el Artículo 71 de la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2018. Principio de Capacidad Económica: Stc 175/2025 (constitucionalidad del Método de Cálculo de los Pagos a Cuenta, Autónomos y Provisionales Respecto de la Obligación Tributaria Principal, del Impuesto sobre Sociedades). Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 191/2025, de 16 de diciembre de 2025

Esta resolución desestima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción dada por la Ley 6/2018 de presupuestos de 2018. La norma regula el método de cálculo de los pagos fraccionados para grandes empresas (con cifra de negocios ≥10 millones de euros), basados en el resultado contable positivo, sin considerar ajustes fiscales ni bases negativas, lo que genera anticipos superiores a la cuota líquida del impuesto.

El tribunal concluye que dicho sistema no vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución, ya que el método utilizado refleja una capacidad económica real y no ficticia, y la diferencia en los pagos se compensa posteriormente en la liquidación definitiva. La sentencia destaca que el carácter autónomo de los pagos fraccionados y su función de financiación temporal permiten cierta desconexión con la obligación principal, siempre que se respete la correlación y se garantice la devolución de excesos.

La resolución, además, rechaza la ampliación del objeto del proceso a otros vicios constitucionales y la acumulación de cuestiones, remitiéndose a la doctrina de la STC 175/2025. La norma continúa vigente desde su entrada en vigor, sin que exista derogación expresa. La sentencia entra en vigor de inmediato.