BOE-A-2026-3771
Boletín Oficial del Estado
Resolución de 16 de Febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la Que Se Publica el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, Relativo Al Establecimiento de Un Marco General de Colaboración para la Realización de la Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado por el Alumnado de Formación Profesional de la Comunidad de Castilla y León, en los Institutos de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, de León y Zamora y de Palencia, Salamanca y Valladolid.
Fecha de publicación
miércoles, 18 de febrero de 2026
Sección
III. Otras DisposicionesResumen
Resolución de 16 de febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Justicia
Publicada en el BOE el 18 de febrero de 2026, esta norma publica el convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Junta de Castilla y León para establecer un marco de colaboración en la formación en empresas e instituciones equiparadas para estudiantes de Formación Profesional en Castilla y León.
El acuerdo regula la realización de prácticas en los Institutos de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, León, Zamora, Palencia, Salamanca y Valladolid, dirigidas a alumnos de ciclos formativos de grado superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Afecta a los centros educativos, instituciones forenses y estudiantes, facilitando la formación práctica en un entorno profesional, sin carácter laboral ni retribución, y con un enfoque en la adquisición de competencias profesionales y conocimientos científicos.
El convenio establece las condiciones para la selección, duración, seguimiento y evaluación de las prácticas, garantizando la protección de datos, la confidencialidad y la cobertura de riesgos mediante seguros. La colaboración será de carácter no contractual, con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, y puede ser rescindida por cualquiera de las partes con preaviso. La gestión y supervisión se realizará a través de una Comisión de Seguimiento paritaria.
En vigor desde su publicación, esta resolución busca fortalecer la formación práctica en ciencias forenses, contribuyendo a la cualificación del alumnado y a la futura incorporación de profesionales a la Administración de Justicia.
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