Pleno. Sentencia 186/2025, de 2 de Diciembre de 2025. Recurso de Inconstitucionalidad 2121-2025. Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha Respecto del Apartado Veintiuno de la Disposición Final Novena de la Ley 7/2024, de 20 de Diciembre, por la Que Se Establecen Un Impuesto Complementario para Garantizar Un Nivel Mínimo Global de Imposición para los Grupos Multinacionales y los Grupos Nacionales de Gran Magnitud, Un Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Determinadas Entidades Financieras y Un Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y Otros Productos Relacionados con el Tabaco, y Se Modifican Otras Normas Tributarias. Financiación Autonómica; Principios de Lealtad Institucional, Equidad en la Distribución de los Recursos Públicos y la Renta Regional y Solidaridad Interterritorial; Derecho Al Ejercicio de las Funciones Representativas: Stc 174/2025 (constitucionalidad del Precepto Legal Que Establece la Distribución de la Recaudación del Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Determinadas Entidades Financieras en Función del Producto Interior Bruto de las Comunidades Autónomas de Régimen Común); Enmienda sobre el Destino de la Recaudación Que Guarda Conexión Material Suficiente con el Texto Que Se Pretende Enmendar.

Sentencia del Tribunal Constitucional 186/2025, de 2 de diciembre de 2025

Esta resolución declara la constitucionalidad del apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que establece un impuesto sobre los márgenes de intereses y comisiones de entidades financieras y su distribución a las comunidades autónomas en función del PIB regional.

El recurso fue interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alegando vulneraciones constitucionales en relación con la participación autonómica en el reparto de fondos, la forma de aprobación de la norma, y la reserva de ley orgánica para regular aspectos estructurales del sistema de financiación autonómica.

El Tribunal concluye que el impuesto no forma parte del sistema de tributos cedidos a las comunidades, por lo que su distribución mediante ley ordinaria no infringe la reserva de ley orgánica (art. 157.3 CE). Además, la incorporación del criterio de reparto por enmienda parlamentaria cumple con los requisitos constitucionales de conexión material y procedimiento, sin vulnerar el derecho de participación (art. 23.2 CE). La distribución basada en el PIB regional, aunque atípica, no contraviene los principios de solidaridad ni de igualdad, ya que no afecta a la naturaleza del tributo ni a la autonomía financiera de las comunidades.

El fallo reafirma que la distribución de recursos derivados de impuestos no integrados en el sistema de financiación autonómica puede establecerse mediante ley ordinaria, siempre que no suponga cesión de tributos ni afecte a competencias reservadas. La sentencia, por tanto, desestima el recurso y publica la resolución en el BOE, manteniendo la legalidad del mecanismo de reparto establecido.

Vigencia: desde su publicación en el BOE el 9 de enero de 2026.