Pleno. Sentencia 28/2026, de 25 de Marzo de 2026. Recurso de Inconstitucionalidad 1843-2025. Interpuesto por Más de Cincuenta Diputados de Diversos Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados en Relación con Diferentes Preceptos del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2024, de 13 de Diciembre, por el Que Se Modifican Diversas Normas del Ordenamiento Jurídico de las Illes Balears en Materia de Espacios Naturales, Fomento, Agricultura, Educación, Empleo Público, Turismo, Urbanismo y Vivienda. Límites de los Decretos Leyes: Falta de Justificación del Presupuesto Habilitante de la Extraordinaria y Urgente Necesidad. Votos Particulares.

Sentencia del Tribunal Constitucional 28/2026, de 25 de marzo de 2026

Esta resolución declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2024, que modificaba normas en materia de espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La impugnación fue promovida por más de cincuenta diputados de los grupos Socialista, Sumar y Mixto, por vulneraciones del principio de seguridad jurídica, límites materiales y formales del decreto-ley, derechos lingüísticos y principios constitucionales relacionados con la igualdad y no discriminación.

El tribunal concluye que el Gobierno autonómico no acreditó de forma suficiente la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el uso del decreto-ley, especialmente en aspectos relacionados con la modificación del régimen lingüístico en sanidad pública, afectando derechos fundamentales y principios de cooficialidad. La justificación basada en corregir errores parlamentarios o en la protección de derechos ya garantizados no fue considerada válida para habilitar la norma mediante esta vía excepcional.

El fallo afecta directamente a la organización del régimen lingüístico en la sanidad pública balear y a la seguridad jurídica en la regulación de espacios naturales y otros ámbitos, impactando en profesionales y administraciones públicas. La sentencia entra en vigor de inmediato y refuerza el control constitucional sobre el uso del decreto-ley, exigiendo una justificación sólida y razonada para su adopción.

Fecha de entrada en vigor: 2 de mayo de 2026.