Concesión Administrativa

Qué es una concesión administrativa

Una concesión administrativa es el instrumento por el cual una Administración Pública transfiere a un particular, empresa o profesional la facultad de construir, gestionar o explotar algo que en principio le corresponde a ella: una infraestructura, un servicio público o un bien público. A cambio, el concesionario asume el coste de la inversión y el riesgo de que la explotación sea o no rentable, normalmente a través del cobro de un precio o tarifa a los usuarios.

El término se usa en el lenguaje habitual de forma amplia, pero en realidad agrupa figuras jurídicas distintas que conviene no confundir.

Dos figuras distintas bajo el mismo nombre

En la práctica, "concesión administrativa" puede referirse a dos cosas diferentes:

• Contratos de concesión regulados en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP): el contrato de concesión de obras (artículo 14 LCSP) y el contrato de concesión de servicios (artículo 15 LCSP). Son contratos del sector público que se adjudican mediante un procedimiento de licitación.
• Concesión demanial o de dominio público: regulada en la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, es el título que habilita a un particular a ocupar o usar de forma privativa un bien público (un tramo de costa, un quiosco en la vía pública, un local en un edificio administrativo), sin que necesariamente exista una obra que construir o un servicio público que gestionar.

Ambas comparten la lógica de ceder temporalmente algo público a un particular, pero se rigen por normas distintas y tienen procedimientos de adjudicación diferentes.

El riesgo operacional, el elemento que las distingue de un contrato ordinario

Lo que diferencia una concesión de un contrato de obras o de servicios ordinario es la transferencia del riesgo operacional al concesionario. En el contrato de concesión de obras y en el de concesión de servicios, la contraprestación del concesionario no es un precio fijo pagado por la Administración, sino el derecho a explotar la obra o el servicio (con o sin pago adicional). Si la demanda es menor de la esperada, o los costes de explotación superan los ingresos, esas pérdidas las asume el concesionario, no la Administración. Esta transferencia real de riesgo es precisamente lo que el Tribunal de Cuentas y los órganos de fiscalización revisan para confirmar que un contrato es efectivamente una concesión y no un contrato de servicios encubierto.

Duración máxima de las concesiones

El artículo 29 de la LCSP fija límites máximos de duración, incluidas las eventuales prórrogas:

• 40 años en los contratos de concesión de obras y en los contratos de concesión de servicios que incluyan la ejecución de obras y la explotación de un servicio.
• 25 años en concesiones de servicios que no estén relacionados con la prestación de servicios sanitarios.
• 10 años en concesiones de servicios sanitarios que no encajen en el supuesto anterior.

Cuando el plazo supera los cinco años, la duración debe calcularse teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido.

Ejemplos prácticos de concesiones administrativas

• Autopistas y autovías de peaje, gestionadas por una concesionaria que cobra el peaje a los usuarios.
• Aparcamientos públicos subterráneos, en los que el concesionario construye y explota el aparcamiento cobrando a los usuarios.
• Gestión de instalaciones deportivas municipales, como piscinas o polideportivos.
• Concesión demanial de un chiringuito o quiosco en dominio público marítimo-terrestre.
• Explotación de cafeterías o restaurantes dentro de edificios de titularidad pública.