Resolución de un contrato público: causas, procedimiento y efectos

El contratista lleva semanas de retraso y nadie sabe si se puede resolver el contrato

Un órgano de contratación observa que la empresa adjudicataria acumula un retraso injustificado sobre el plan de trabajos. O al revés: una empresa ejecuta un contrato de servicios y la Administración deja de pagarle durante meses. En ambos casos surge la misma pregunta: ¿es esto motivo suficiente para resolver el contrato, o hay que esperar a que termine el plazo?

Actuar sin causa legal expone a recursos y a una posible reclamación de daños y perjuicios. Actuar tarde, cuando la causa ya es clara, prolonga un incumplimiento que sale caro a ambas partes.

La resolución es la vía que prevé la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) para extinguir un contrato antes de que se complete la prestación, cuando concurre alguna de las causas tasadas por la propia ley. No es una decisión discrecional: exige causa legal, procedimiento y, en muchos casos, informe de un órgano consultivo.

Causas generales de resolución (artículo 211 LCSP)

El artículo 211 de la LCSP enumera, con carácter general y para cualquier tipo de contrato, las causas que permiten resolverlo:

• Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista persona física, o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
• Declaración de concurso, o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
• Mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
• Demora del contratista en el cumplimiento de los plazos: en todo caso, si el retraso injustificado sobre el plan de trabajos supera un tercio del plazo total del contrato, prórrogas incluidas.
• Demora de la Administración en el pago, cuando supera el plazo fijado en el artículo 198 LCSP.
• Incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de otras obligaciones calificadas como esenciales en el pliego, siempre que estén enumeradas en él de forma precisa, clara e inequívoca.
• Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados, cuando no quepa modificar el contrato o cuando la modificación necesaria supere el 20% del precio inicial (IVA excluido).
• Las causas específicas que la LCSP fija para cada tipo de contrato (ver siguiente apartado).
• Impago de salarios por el contratista a los trabajadores adscritos a la ejecución, o incumplimiento de las condiciones de los convenios colectivos vigentes durante la ejecución del contrato.

Cuando concurren varias causas con distintos efectos económicos, la LCSP ordena atender a la que haya aparecido primero en el tiempo (art. 211.2 LCSP).

Causas específicas según el tipo de contrato

Además de las causas generales del artículo 211, la LCSP añade causas propias para cada categoría contractual:

• Contrato de obras (art. 245 LCSP): demora injustificada en la comprobación del replanteo, suspensión de las obras por plazo superior a cuatro meses antes de su inicio, suspensión por la Administración superior a ocho meses una vez iniciadas, y el desistimiento.
• Contrato de suministro (art. 306 LCSP): el desistimiento de la Administración antes de completar el suministro, entre otras causas propias del contrato.
• Contrato de servicios (art. 313 LCSP): igualmente contempla el desistimiento de la Administración como causa específica de resolución.

Las concesiones de obras y de servicios tienen su propio régimen de causas de resolución, con matices adicionales por tratarse de contratos de larga duración en los que el concesionario asume riesgo operacional.

Procedimiento para tramitar la resolución

La resolución no se declara de forma automática, salvo excepciones tasadas (como la declaración de insolvencia). El órgano de contratación la acuerda de oficio o a instancia del contratista, siguiendo un procedimiento con garantías para ambas partes:

• Audiencia al contratista: debe dársele trámite de audiencia por un plazo de diez días naturales antes de resolver, conforme al artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001).
• Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente: es preceptivo cuando el contratista formula oposición a la resolución propuesta.
• Plazo para resolver: el expediente de resolución debe instruirse y resolverse en un plazo máximo de ocho meses.
• Todos los trámites de un expediente de resolución se consideran de tramitación urgente.

Efectos de la resolución: incautación de garantía e indemnización (art. 213 LCSP)

Las consecuencias económicas de la resolución dependen de a quién sea imputable la causa:

• Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, la Administración le incauta la garantía definitiva y, si los daños superan su importe, el contratista debe indemnizar el exceso.
• Si el incumplimiento es de la Administración (por ejemplo, demora en el pago), esta debe indemnizar al contratista los daños y perjuicios causados.
• Cuando la resolución se produce por mutuo acuerdo, los derechos de cada parte se ajustan a lo que hayan pactado.
• Si la causa es la imposibilidad de ejecutar la prestación por necesidad de una modificación que supera los límites legales (art. 211.g LCSP), el contratista tiene derecho, con carácter general, a una indemnización equivalente al 3% del precio de las prestaciones dejadas de realizar, salvo que la causa le sea imputable a él o haya rechazado él mismo una modificación que sí era posible dentro del límite legal.
• La resolución exige siempre un pronunciamiento expreso sobre la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.

Diferencia entre resolución y modificación o prórroga del contrato

La resolución no debe confundirse con la modificación o la prórroga del contrato público, aunque las tres figuras aparecen en la misma fase de ejecución. La modificación cambia condiciones del contrato para que siga adelante; la prórroga solo amplía su duración sin alterar nada más. La resolución, en cambio, pone fin al contrato antes de tiempo: no lo adapta ni lo alarga, lo extingue.

De hecho, ambas figuras están conectadas: cuando una circunstancia sobrevenida exigiría modificar el contrato por encima de los límites legales del 20% o el 50% del precio inicial, la propia LCSP convierte esa imposibilidad de modificar en una causa de resolución (art. 211.g LCSP).

Por qué conviene anticipar esto antes de presentar una oferta

Antes de presentar oferta a una licitación conviene revisar qué obligaciones del pliego están calificadas como esenciales, porque su incumplimiento puede ser causa directa de resolución con incautación de garantía. Los criterios de adjudicación de los contratos públicos se fijan en una fase anterior del expediente, pero el pliego que los recoge suele ser también el que detalla qué obligaciones se consideran esenciales a efectos de una eventual resolución.

Los resúmenes son orientativos. Para efectos legales, consulta siempre el texto íntegro en boe.es.

Consulta las licitaciones activas y sus pliegos en licitaciones públicas del BOE antes de presentar una oferta.