Pleno. Sentencia 151/2025, de 24 de Septiembre de 2025. Conflicto Positivo de Competencia 497-2024. Planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Relación con el Contrato Denominado «servicio de Asistencia Técnica para el Diseño de Un Servicio Estable de Captación, Sensibilización, Fidelización y Formación de Familias Interesadas en el Acogimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Cuya Tutela la Tienen las Administraciones Públicas», Licitado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Competencias en Materia de Protección de Menores: Nulidad del Contrato en Cuanto Se Refiere Al Diseño de Un Servicio de Búsqueda, Captación, Sensibilización y Fidelización de Potenciales Familias Acogedoras. Voto Particular.

Sentencia del Tribunal Constitucional 151/2025, de 24 de septiembre de 2025

Esta resolución analiza un conflicto positivo de competencia promovido por la Comunidad de Madrid contra un contrato del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, relativo al diseño de un servicio estatal de captación, sensibilización y formación de familias para el acogimiento infantil. La sentencia establece que, aunque la finalidad del contrato de aumentar el conocimiento sobre el acogimiento familiar corresponde a competencias estatales (artículo 149.1.8 CE), la parte del contrato destinada a diseñar un sistema permanente de captación y fidelización de familias vulnera las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en protección de menores (artículo 26.1.24 EAM). El Tribunal estima parcialmente el conflicto, declarando la nulidad del contrato en ese aspecto, por invadir competencias autonómicas. La resolución destaca que el contrato, en su conjunto, tiene un objeto dual: la recopilación de información (competencia estatal) y la creación de un sistema de captación de familias (competencia autonómica). Se concluye que el Estado no posee competencia para diseñar y gestionar un servicio de estas características, que corresponden a las comunidades autónomas, y que la colaboración prevista no justifica la invasión de competencias. La sentencia reafirma la primacía de las competencias autonómicas en protección de menores, limitándose a desestimar en parte el conflicto y declarando la nulidad del contrato en lo relativo a la creación del sistema de captación familiar. La entrada en vigor es inmediata, y el fallo refuerza la distribución de competencias en el ámbito de protección infantil en España.