BOE-A-2026-10606

Boletín Oficial del Estado

Sala Segunda. Sentencia 31/2026, de 13 de Abril de 2026. Recurso de Amparo 809-2025. Promovido por Don Mohamed Sali Mohamed Respecto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Que Revocó el Pronunciamiento Absolutorio del Juzgado de Lo Penal y Ordenó la Retroacción de Actuaciones para la Celebración de Un Nuevo Juicio Oral. Vulneración de los Derechos a la Tutela Judicial Efectiva (resolución Fundada en Derecho) y a Un Proceso con Todas las Garantías: Revocación de la Sentencia Absolutoria Basada en la Afirmación de Que la Defectuosa Grabación del Momento en el Que el Acusado Ejerció Su Derecho a la Última Palabra Pudo Haberle Causado Indefensión, Pese a Que Fuera Absuelto.

Fecha de publicación

viernes, 15 de mayo de 2026

Resumen

Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2026, de 13 de abril de 2026

Esta resolución revisa la legalidad de la nulidad de una sentencia penal absolutoria y la retroacción del proceso en un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

Afecta al caso de Mohamed Sali Mohamed, quien fue absuelto en un juicio penal por delitos de maltrato familiar, pero cuya sentencia fue revocada en apelación debido a una supuesta indefensión derivada de una grabación defectuosa del acto de la última palabra en el juicio oral. La Audiencia Provincial ordenó repetir el juicio ante un magistrado distinto, fundamentando su decisión en la posible indefensión del acusado, pese a que no existió vulneración de garantías en el proceso original.

El Tribunal Constitucional estima que dicha revocación excede los límites constitucionales, pues la absolución en primera instancia no fue vulnerada por defectos procesales graves que justifiquen su anulación y retroacción. La decisión de la apelación vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías y a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos (non bis in idem).

Se declara la nulidad de la sentencia de apelación y de los autos relacionados, y se ordena retrotraer las actuaciones al momento previo a su dictado para que la Audiencia Provincial dicte una nueva resolución ajustada a los límites constitucionales. La sentencia se publica en el BOE.

Vigencia: desde su publicación el 15 de mayo de 2026.

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